revistamandato.com 
La seguridad es, cada vez más, un punto neurálgico en la vida cotidiana de Chile. Desde los barrios urbanos hasta los eventos masivos, la demanda por sistemas más confiables y profesionales se ha vuelto urgente. En este contexto, el Gobierno de Chile, ratificó la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.659, conocida como Ley de Seguridad Privada, marca un giro fundamental para ordenar, supervisar y modernizar un sector que históricamente operó con normativas dispersas y poco articuladas.
Un marco unificado para un país que exige respuestas
La nueva ley no solo actualiza y reemplaza antiguas disposiciones, establece un sistema coherente, con criterios de riesgo y procedimientos homologados para empresas, equipos humanos y los distintos oficios vinculados a la seguridad privada.
Uno de los cambios clave es el rol protagónico que asume la Subsecretaría de Prevención del Delito, que ahora actúa como ente regulador, fiscalizador y certificador de todo el sector. Será esta institución la encargada de autorizar empresas, acreditar a las personas naturales que trabajen en seguridad, aprobar estudios y planes, y administrar el nuevo Registro de Seguridad Privada.
Clasificación por niveles de riesgo: un estándar más exigente
La ley introduce una modernización largamente esperada:
tres niveles de riesgo bajo, medio y alto, que determinarán las exigencias que deberán cumplir empresas y establecimientos.
- Las entidades de riesgo medio deberán presentar un estudio de seguridad aprobado oficialmente.
- Las de alto riesgo estarán obligadas a implementar un Sistema de Vigilancia Privada completo, que incluya equipamiento especializado, unidades internas de seguridad, vigilantes debidamente acreditados y tecnología de resguardo.
Requisitos claros para quienes trabajan en seguridad
La profesionalización es uno de los pilares centrales. Desde hoy, todas las personas que desempeñen funciones de seguridad privada deberán acreditarse ante la Subsecretaría. Entre ellas:
- Vigilantes privados: capacitados para escenarios de alto riesgo y autorizados a portar armas de fuego. Contarán obligatoriamente con equipos defensivos, cámaras corporales y seguro de vida.
- Guardias de seguridad: deberán portar chaleco anticorte, seguro de vida y cámara corporal en situaciones de riesgo elevado.
- Jefes de seguridad: con formación profesional y responsabilidad sobre la organización interna.
- Porteros, nocheros y rondines: capacitación diferenciada según el nivel de riesgo.
- Capacitadores, técnicos, operadores de cámaras, instaladores y asesores: todos requerirán autorización formal.
Por su parte, las empresas deberán demostrar solvencia material, técnica y humana mediante informes bianuales.
Eventos masivos bajo nuevas reglas
Los eventos que superen los 3.000 asistentes contarán con un marco regulatorio especial. Sus organizadores deberán gestionar autorizaciones ante las delegaciones presidenciales y presentar un plan de seguridad obligatorio, además de contratar seguros contra daños a terceros. Se establecen también deberes para el público asistente, buscando un equilibrio entre disfrute y responsabilidad.
Plazos de implementación
La transición será gradual:
- 6 meses para que las entidades obligadas presenten su primer estudio de seguridad.
- 1 año para crear el Registro de Seguridad Privada y su plataforma digital.
- 2 años para evaluar a todas las entidades obligadas y asignarles medidas según su nivel de riesgo.
Seguridad para un país en transformación
La entrada en vigor de esta ley no es solo un ajuste técnico, es el reconocimiento de que la seguridad, tanto pública como privada, es un ecosistema interdependiente. Profesionalizar a quienes cuidan, ordenar las reglas y elevar estándares no apunta a llenar de burocracia al sector, sino a proteger mejor a las personas, especialmente en un país donde la demanda por resguardo ha crecido más rápido que las estructuras destinadas a proveerlo.
Chile da hoy un paso hacia un modelo más claro, más exigente y más responsable. Ahora, el desafío será que esta modernización no quede en el papel, sino que se traduzca en espacios más seguros, trabajadores más capacitados y comunidades que puedan vivir con mayor tranquilidad. Porque la seguridad, finalmente, no es solo un servicio, es una condición para la vida digna.
