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Por Revista Mandato
La confirmación de un paro general con movilización convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 10 de febrero, en coincidencia con el debate de la Reforma Laboral en el Senado, no es un dato aislado ni meramente coyuntural. Es, por el contrario, una señal política de alto voltaje que condensa las tensiones estructurales de la Argentina actual, el choque entre un programa de reformas profundas impulsado desde el Ejecutivo y un sindicalismo que busca preservar su rol histórico como actor de veto y representación del mundo del trabajo.
Medida de fuerza
El paro fue ratificado tras la masiva movilización del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde miles de trabajadores se manifestaron contra la iniciativa oficial. Aquella protesta no fue inocua, logró posponer el tratamiento legislativo, inicialmente previsto para diciembre, y demostró que, aun en un contexto de debilitamiento social de las organizaciones gremiales, la CGT conserva capacidad de presión en momentos clave del proceso político.
Defensa de derechos y disputa de poder
Desde la conducción sindical, el diagnóstico es claro y coherente con su tradición histórica. La reforma laboral es leída como un retroceso en derechos adquiridos, una flexibilización de las condiciones de trabajo y una reconfiguración del vínculo capital–trabajo sin el debido diálogo social. El secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, expresó, sin ambigüedad, a los medios de comunicación que “Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización”.
Dirigentes como Jorge Sola, secretario general de la central, profundizan esa mirada al advertir, a la prensa, que se trata de un “ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”, y cuestionan la voluntad del oficialismo de avanzar sin consensos amplios ni instancias formales de negociación.
Paro general
Para el sindicalismo, no solo está en juego el contenido de la reforma, sino también su lugar como interlocutor legítimo en la definición de las reglas laborales.
El paro general, en este sentido, no es únicamente una herramienta de protesta: es una estrategia de reposicionamiento político frente a un gobierno que ha hecho del enfrentamiento con las corporaciones, entre ellas, los sindicatos, uno de los ejes discursivos de su identidad.
Impacto del paro
El impacto concreto y el mensaje simbólico
La medida de fuerza prevista para el 10 de febrero tendrá efectos palpables en la vida cotidiana, transporte público, administración pública, bancos, recolección de residuos, construcción y actividades industriales, entre otros sectores, verán interrumpido su funcionamiento. A ello se suman movilizaciones en todo el país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, acompañando el debate parlamentario.
Pero más allá del impacto operativo, el paro envía un mensaje político directo al Senado y, por extensión, al conjunto del sistema institucional: cualquier intento de reforma estructural del mercado de trabajo tendrá costos sociales y conflictividad.
El Gobierno y su apuesta reformista
Del lado del Ejecutivo, la reforma laboral forma parte de un programa más amplio orientado a reordenar la economía, reducir el déficit fiscal y modificar marcos regulatorios que el oficialismo considera obsoletos. En un contexto de restricción financiera extrema, inflación aún elevada y presión por generar señales de previsibilidad, el Gobierno de Javier Milei apuesta a reformas rápidas y profundas como vía para estabilizar la macroeconomía.
Sin embargo, esa velocidad choca con una realidad política compleja: minoría parlamentaria, alta conflictividad social y una tradición sindical con fuerte arraigo histórico. El Gobierno confía en que el desgaste de las organizaciones gremiales y el apoyo de sectores que demandan cambios estructurales jueguen a su favor. La CGT, en cambio, busca demostrar que sigue siendo un actor insoslayable.
Un equilibrio frágil
El paro general del 10 de febrero expone, en definitiva, el equilibrio frágil sobre el que se asienta la Argentina actual. El Congreso se convierte en el escenario donde confluyen presiones contrapuestas: la necesidad de gobernabilidad, la urgencia económica y la demanda de representación social.
No se trata solo de una reforma laboral ni de una pulseada coyuntural. Está en juego la capacidad del sistema político para procesar el conflicto, construir legitimidad y evitar que la disputa entre ajuste y derechos derive en una espiral de confrontación permanente.
El desenlace del debate legislativo y la eventual apertura, o clausura, de canales de diálogo marcarán no solo el futuro inmediato de la reforma, sino también el tono de la relación entre el Estado, el movimiento sindical y la sociedad en una etapa de redefiniciones profundas. En ese cruce, la CGT vuelve a ocupar el centro de la escena, y el Gobierno enfrenta el desafío de transformar su programa económico en gobernabilidad política real.
