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Por Revista Mandato
Venezuela atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses tras una operación militar directa no es un simple hecho político, es la consecuencia de años de decisiones autoritarias, de debilitamiento institucional y de una economía colapsada que dejaron al país vulnerable frente a actores externos. Pero este episodio también plantea preguntas profundas sobre la soberanía, el derecho internacional y la capacidad de los líderes de proteger a su ciudadanía frente a intereses extranjeros.
Maduro y el poder que se devora a sí mismo
Nicolás Maduro no gobernó simplemente como presidente, consolidó un régimen dictatorial. Con el tiempo, debilitó los contrapesos institucionales, subordinó al Poder Judicial, vació de contenido los procesos electorales y persiguió sistemáticamente a la oposición. Esa concentración del poder le permitió mantenerse en el poder, pero a la vez minó la legitimidad del Estado y dejó al país sin mecanismos internos para corregir la crisis. Venezuela hoy es un país institucionalmente quebrado, con servicios públicos colapsados, economía devastada y una sociedad exhausta.
La decadencia interna como antesala de la intervención
La crisis venezolana no se limita a lo económico; es una crisis de Estado. Cuando un gobierno ignora la necesidad de consensos mínimos, bloquea canales de diálogo y cierra las puertas a la negociación, crea las condiciones para que la intervención extranjera deje de ser solo posible y se convierta en probable. Maduro sabía que la confrontación con Estados Unidos era inminente. Podría haber facilitado una transición controlada, pero eligió resistir hasta el último momento. Su negativa a ceder terminó dejando al país abierto a la acción directa de Washington, lo que pone en evidencia que la soberanía no se proclama, se defiende con instituciones fuertes y decisiones estratégicas acertadas.
El poder externo que redefine fronteras
Estados Unidos justificó su operación señalando a Maduro como responsable de narcotráfico y crimen organizado. La acusación, real o exagerada, se convirtió en pretexto para intervenir militarmente, capturar al presidente y trasladarlo a tribunales en Nueva York. Más allá de la legalidad de las acusaciones, esta acción vulnera principios fundamentales del derecho internacional como la inmunidad de los jefes de Estado, la prohibición del uso de la fuerza sin mandato multilateral y la no injerencia en los asuntos internos de otros países. La operación refleja un ejercicio de poder unilateral que cuestiona la estabilidad del sistema internacional tal como lo conocemos.
La oposición venezolana y la legitimidad en disputa
En este contexto, la oposición enfrenta un dilema crítico. Figuras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no solo se benefician del colapso del régimen, sino también cargan con la sombra de la intervención externa. Su legitimidad interna se encuentra en tensión debido a que son vistos por algunos sectores regionales como beneficiarios de una reconfiguración dictada desde fuera, más que como líderes surgidos de un proceso democrático autónomo.
Posturas regionales: Boric, Kast y Milei
La reacción internacional ha sido heterogénea. El presidente chileno Gabriel Boric criticó abiertamente la intervención, subrayando la necesidad de soluciones diplomáticas y multilateralismo. Para Boric, el uso de la fuerza socava la soberanía y sienta un precedente peligroso para la región.
En cambio, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, expresó respaldo moral a la operación, considerando que derribar lo que él define como una “narco-dictadura” representa una oportunidad estratégica para la región. Desde Argentina, Javier Milei celebró públicamente la operación y la calificó como un triunfo frente a un régimen autoritario. Su postura se alinea con la narrativa estadounidense de confrontación directa, priorizando la caída del régimen sobre las normas de no intervención. Estas divergencias ilustran cómo la política regional interpreta la crisis venezolana según perspectivas ideológicas y estratégicas muy distintas.
El petróleo como telón de fondo
El control sobre la industria petrolera venezolana revela que la operación no fue únicamente política. El petróleo, históricamente columna vertebral de la economía del país, se convierte ahora en un factor central de la estrategia estadounidense. La intervención abre la puerta a la explotación y supervisión de los recursos estratégicos, un elemento que subraya que la crisis política y la disputa por recursos están inextricablemente vinculadas.
Alternativas que quedaron sin explorar
Antes de la acción militar existieron caminos menos destructivos, como la negociación multilateral con mediación internacional, supervisión electoral creíble, levantamiento progresivo de sanciones y acuerdos de transición que aseguraran estabilidad. Todos ellos requerían cesión de poder por parte del régimen madurista, algo que nunca ocurrió. La persistencia en la resistencia absoluta dejó al país expuesto a la intervención externa.
El futuro de Venezuela
La caída de Maduro no asegura democracia ni estabilidad. Venezuela enfrenta la tarea monumental de reconstruir instituciones, recomponer tejido social y definir su relación con un mundo que ahora observa y participa más directamente en su destino. Para los ciudadanos, el desafío es concreto, es sobrevivir y recuperar derechos en un país que se ha vuelto escenario de disputas internacionales y decisiones que no siempre consideran su bienestar inmediato.
Ejemplo inquietante
Venezuela se convierte en un ejemplo inquietante para América Latina. El autoritarismo interno, sumado a la intervención externa, deja lecciones claras, la soberanía no se defiende solo con discursos, y la resistencia ciega puede terminar entregando al país a intereses foráneos. En este cruce de poder, perdemos todos, gobiernos, instituciones y, sobre todo, ciudadanos. La historia venezolana reciente demuestra que el equilibrio entre liderazgo responsable y respeto a la ley internacional no es opcional, es la única forma de proteger la libertad y la autodeterminación de un país.
