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Por Revista Mandato
La violencia doméstica es un problema de salud pública y social que cobra vidas, destruye cuerpos y descompone el tejido emocional de quienes la sufren. Pero cuando la víctima no solo vive con miedo, sino que enfrenta una condición de discapacidad visual compleja, caracterizada por patologías oculares degenerativas, riesgo de desprendimiento de retina, presión intraocular elevada, alteraciones del humor vítreo y miopía elevada, el daño no se mide únicamente en golpes o gritos porque cada agresión física o psicológica puede tener consecuencias irreversibles para su integridad visual y su bienestar general.
Una vulnerabilidad que no es abstracta
Las personas con discapacidad tienen un riesgo amplificado de sufrir violencia. Según investigaciones globales, los niños con discapacidad sufren violencia física casi 4 veces más que quienes no tienen discapacidad y también enfrentan mayores tasas de abuso psicológico y sexual. Además, en Argentina, estudios señalan que 8 de cada 10 mujeres con alguna discapacidad han vivido violencia o discriminación, incluyendo agresión en entornos familiares. En el contexto de violencia doméstica, las cifras oficiales lo reflejan, en el año 2025, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia evaluó a 763 personas con discapacidad afectadas por violencia familiar, donde un 15 % tenía discapacidad sensorial, categoría que incluiría a quienes enfrentan dificultades visuales. Esta realidad demuestra que no se trata de casos aislados, sino de una problemática persistente dentro de vínculos íntimos.
¿Por qué la discapacidad visual agrava el daño?
Las patologías oculares degenerativas y otros problemas de la visión, como la miopía alta, riesgo de desprendimiento de retina o cambios en el humor vítreo, no son meros diagnósticos; implican fragilidades anatómicas y fisiológicas que pueden empeorar con trauma físico repetido. Un golpe, un empujón o incluso una presión excesiva sobre la cabeza o el rostro pueden acelerar un desprendimiento de retina o agravar una condición preexistente. En muchos casos, esto conduce a una disminución marcada de la visión o a la pérdida irreversible de la misma. Además de lo físico, el impacto psicológico de la violencia en una persona con discapacidad visual es profundo. La evidencia clínica y de salud pública indica que las personas con discapacidad visual tienen tasas más altas de ansiedad, depresión y estrés crónico que la población general, debido tanto a las barreras sociales como al aislamiento que pueden enfrentar por su condición. Esta carga emocional se intensifica cuando se vive en un entorno de maltrato, exacerbando el sufrimiento y disminuyendo la capacidad de búsqueda de ayuda eficaz.
El rol de la justicia
La existencia de leyes y de oficinas especializadas, como la Línea 144 en Argentina, que brinda atención y asesoramiento las 24 h a personas en situación de violencia, demuestra que el marco jurídico existe para proteger a quienes sufren abuso. Sin embargo, la brecha entre la ley y su cumplimiento efectivo es alarmante. Los mecanismos de denuncia y de protección rara vez están adaptados a las necesidades de quienes no pueden fungir de manera plena como “testigos visuales” de su propio maltrato. Las personas con discapacidad visual enfrentan barreras prácticas para acceder a información, formular denuncias detalladas, o incluso comprender sus derechos sin adaptaciones y acompañamiento adecuado.
Que la justicia no actúe a tiempo no es solo una falla institucional; representa un doble castigo, primero, la víctima sufre la violencia; después, debe soportar la lentitud, la falta de adaptaciones y la indiferencia de un sistema pensado para personas sin barreras sensoriales.
Más allá de las palabras, medidas concretas
Una justicia verdaderamente protectora debería garantizar:
Accesibilidad real en todos los trámites judiciales y de denuncia, con formatos adaptados y asistencia especializada.
Protocolos médicos y psicológicos integrados desde la primera intervención para evaluar riesgos específicos de daño ocular progresivo.
Programas de acogida y apoyo continuado para sobrevivientes con discapacidad visual, que no dependan exclusivamente de la iniciativa de la víctima para acceder.
Capacitaciones obligatorias para operadores del sistema judicial y fuerzas de seguridad sobre la intersección entre discapacidad, violencia y salud visual.
Ver para proteger
Defender a una persona que ya enfrenta una pérdida de visión no es solo un imperativo legal; es un acto de humanidad. La violencia doméstica contra personas con discapacidades complejas no puede ser resuelta con parches burocráticos o con la ilusión de que la ley ya lo cubre todo. Requiere una mirada integral, que reconozca que algunas vidas son doblemente vulnerables y que la justicia, cuando falla en actuar, agrava la lesión inicial del agresor con la lesión institucional del Estado.
Una justicia que no mira de frente a quienes ya ven poco está condenada a repetir los mismos errores. Más aún, sigue permitiendo que las sombras del abandono y la violencia se ciernan sobre quienes más necesitan protección, recursos y acompañamiento.
