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En un escenario donde el funcionamiento regular de las instituciones se vuelve clave para sostener la previsibilidad democrática, la Legislatura de Tucumán comienza a reactivar su dinámica política en el receso estival. La coordinación entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo aparece, en este contexto, como una señal de normalidad institucional y de búsqueda de consensos mínimos para ordenar la agenda pública.
Coordinación de la agenda y definiciones clave
El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, recibió al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, actualmente a cargo de la vicegobernación, en un encuentro de trabajo destinado a delinear la agenda legislativa correspondiente al mes en curso y a analizar los principales temas institucionales. Durante la reunión se brindaron definiciones sobre la convocatoria a labor parlamentaria, el análisis de decretos del Ejecutivo y el funcionamiento del Poder Legislativo durante el receso. En ese marco, Acevedo confirmó que “Hemos resuelto que se va a llamar a labor parlamentaria este próximo jueves”, destacando el rol de Mansilla en la conducción actual del cuerpo legislativo.
El vicegobernador precisó que dicha instancia servirá para definir una próxima sesión, prevista para la semana entrante, en la que se tratarán fundamentalmente dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) enviados por el Poder Ejecutivo.
Uno de ellos establece restricciones a las designaciones y nombramientos en la administración pública, mientras que el otro dispone la eximición de la presentación del certificado de cumplimiento fiscal para las empresas contratistas. “Ambos temas se van a hablar en labor parlamentaria y allí se va a definir la fecha de la próxima sesión”, indicó Acevedo, quien adelantó que la misma se realizaría entre el martes y el jueves de la próxima semana. La confirmación oficial del día y horario quedará establecida una vez finalizada la reunión de labor parlamentaria convocada para este jueves.
Los plazos legales y el debate político
Por su parte, Mansilla recordó los plazos legales vigentes para el tratamiento de este tipo de normas al señalar que “Sabemos que los DNU tienen veinte días hábiles para ser tratados o rechazados. Mientras tanto, están en plena vigencia y vamos a cumplir con los plazos, que estimamos concluyen entre el 26 y el 28 de febrero”, precisó.
Consultado sobre la posibilidad de que los decretos sean ratificados, el presidente subrogante fue categórico al decir que “Todo depende de lo que pase en el cuerpo. La idea es tratarlos en sesión y, obviamente, desde el oficialismo vamos a querer ratificarlos. Habrá otras opiniones que se debatirán democráticamente en la Cámara”.
El equilibrio entre urgencia gubernamental y deliberación democrática
La inminente reactivación del trabajo legislativo, atravesada por el tratamiento de decretos de alto impacto administrativo, vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento. Más allá de la técnica jurídica de los DNU, lo que se pone en juego es el equilibrio entre urgencia gubernamental y deliberación democrática, una tensión constitutiva de los sistemas republicanos que exige no solo celeridad, sino también transparencia, debate público y control institucional.
En tiempos donde la política es interpelada por una ciudadanía cada vez más crítica, el modo en que se tramiten estos decretos será también una señal sobre la calidad del diálogo político y el respeto por las reglas del juego democrático.
