El ataque sufrido por Patricio Ledezma, joven rugbier de 19 años agredido por un grupo de unas 20 personas a la salida de un boliche en Tafí del Valle (Tucumán), nos llama nuevamente a la reflexión porque la violencia grupal no puede leerse como un hecho aislado ni como una riña que “se fue de control”. La mecánica del ataque, golpes reiterados, indefensión de la víctima y posible registro en video por los agresores, encaja en un fenómeno en el que la acción grupal diluye la responsabilidad individual y amplifica la brutalidad. Este patrón se repite en la región con resultados trágicos. En Villa Gesell, Argentina, en enero de 2020, Fernando Báez Sosa fue asesinado por un grupo de jóvenes mientras celebraba; la escena muestra similitudes inquietantes, al igual que en este caso, ocurrido en Tucumán, víctima joven, grupo numeroso, contexto festivo y observadores que no intervinieron. En Talcahuano, Chile, Cristóbal Miranda Olivares, de 20 años, sufrió una golpiza organizada que lo llevó a la muerte, también en un evento masivo donde el número protegía a los atacantes y la planificación se coordinó incluso por chats previos.
La dinámica de la “manada o jauría”
Cuando un grupo actúa en conjunto, la psicología social muestra cómo la desindividualización y la presión de pares reducen la empatía y potencian la agresión. El individuo se siente protegido por el grupo, el golpe se multiplica y el miedo de terceros impide la intervención. Esto no es simple violencia juvenil, es un acto consciente de ataque colectivo, con roles implícitos y planificación, aunque no todos los participantes golpeen con la misma intensidad.
En el caso de Ledezma, la situación se agrava porque sus agresores parecen vinculados a clubes deportivos, replicando un patrón donde la rivalidad y el sentido de pertenencia alimentan la violencia fuera de la cancha. La policía y la fiscalía de Monteros, trabajan para individualizar a los responsables, pero, como en Talcahuano, existe la amenaza de que algunos actores queden fuera de la justicia, diluyendo la responsabilidad real del grupo.
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Implicancias judiciales y sociales
Reducir estos episodios a “desbordes juveniles” es un error conceptual. La justicia no evalúa solo el golpe final, sino la participación consciente en un ataque conjunto porque quien rodea, quien incita, quien filma y quien no interviene también es parte del hecho. En Villa Gesell, la condena de ocho jóvenes mostró que el número no atenúa la culpa, la amplifica. En Chile y ahora en Tucumán, queda por ver si los sistemas judiciales logran reconstruir la cadena de responsabilidades completa.
Más allá de la justicia, estos ataques son un reflejo de tensiones sociales, códigos de masculinidad distorsionados y normalización de la violencia en espacios festivos o deportivos. La sociedad debe preguntarse ¿cómo prevenimos que la manada se multiplique? ¿Qué rol juegan los clubes, los locales nocturnos y las familias en detener la escalada de agresiones grupales?
El ataque a Patricio Ledezma pudo terminar en tragedia. La cobertura mediática, la denuncia y la reacción social son pasos iniciales. Pero la verdadera prueba será la capacidad del Estado y de la comunidad de evitar que estos episodios se repitan, de sancionar a todos los responsables y de enviar un mensaje claro: el número no protege, la impunidad no ampara y la violencia en manada tiene consecuencias.
Por Liliana Romano, periodista, corresponsal en Argentina y Chile para Revista Mandato.
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