revistamandato.com 
En un escenario político marcado por la demanda ciudadana de mayor transparencia, el Gobierno ha decidido avanzar con una medida de alto impacto institucional, como lo es una auditoría integral al aparato público. La iniciativa busca revisar en profundidad el uso de los recursos fiscales y fortalecer la confianza en la gestión estatal, en línea con las directrices del presidente José Antonio Kast.
Proceso de control
A partir de este viernes, comenzará a sesionar el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, dando inicio a un proceso que promete redefinir los estándares de control y probidad en la administración pública.
Un comité para ordenar el Estado
La primera reunión se realizará en el Palacio de La Moneda y estará encabezada por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo. Este comité tendrá la misión de ejecutar el instructivo presidencial que impulsa una auditoría total sobre el funcionamiento del Estado.
El objetivo central es enviar una señal contundente de responsabilidad, transparencia y control en el uso de los recursos públicos.
Quiénes estarán a cargo
El proceso contará con la participación de subsecretarios clave del Gobierno, provenientes de áreas estratégicas como:
Secretaría General de la Presidencia
Hacienda
Interior
Presidencia
Esta articulación interministerial busca asegurar una mirada transversal y coordinada sobre el funcionamiento del aparato estatal.
Cómo se llevará adelante la auditoría
El diseño del plan contempla una estructura operativa en tres niveles:
Comité estratégico: encargado de definir prioridades y lineamientos generales
Coordinación técnica: liderada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG)
Ejecución en terreno: realizada por las unidades de auditoría de cada ministerio y servicio
Este esquema apunta a combinar dirección política, rigor técnico y aplicación práctica en cada área del Estado.
Plazos y áreas bajo revisión
La auditoría se desarrollará durante los primeros seis meses de Gobierno, con foco en sectores considerados críticos:
Transferencias de recursos
Contratación pública
Ejecución presupuestaria
Gestión de personal
Se trata de áreas históricamente sensibles, donde suelen concentrarse cuestionamientos sobre eficiencia y control, es lo que hasta aquí informó el Gobierno de Chile.
Entre la necesidad y el desafío
La decisión de avanzar con una auditoría total responde a una demanda social persistente: saber cómo se administran los recursos públicos. En ese sentido, la iniciativa tiene el potencial de marcar un punto de inflexión en materia de control estatal.
Sin embargo, su éxito dependerá de factores clave, la independencia técnica del proceso, la capacidad de implementación real en cada organismo y, sobre todo, la voluntad política de actuar frente a los resultados que surjan.
Transparencia sin consecuencias es insuficiente
Auditar no es solo revisar, es también corregir. Una auditoría de esta magnitud pierde sentido si no se traduce en sanciones, reformas o mejoras concretas.
El riesgo es que el proceso quede reducido a una señal política inicial sin continuidad efectiva. La credibilidad del Gobierno en esta materia se jugará no en el anuncio, sino en las decisiones que tome una vez conocidos los hallazgos.
Del diagnóstico a la transformación
Para que esta auditoría marque un antes y un después, es fundamental avanzar en tres líneas concretas:
– Publicación periódica de resultados para garantizar acceso ciudadano a la información
– Implementación de reformas estructurales en áreas con irregularidades detectadas
– Creación de mecanismos de seguimiento independiente, que aseguren que las recomendaciones no queden en el papel
Más que una revisión administrativa, esta auditoría representa una oportunidad política para reconstruir la confianza entre el Estado y la ciudadanía a partir de hechos verificables.
Por Liliana Romano para Revista Mandato
