revistamandato.com 
El Senado de Chile avanza en una reforma clave para resguardar la sanidad agroalimentaria del país. La protección de las fronteras sanitarias se consolida como una política estratégica en tiempos donde la circulación de mercancías y personas tensiona los sistemas de control. En este marco, el Senado dio un paso decisivo al fortalecer las sanciones penales contra quienes atenten contra la sanidad vegetal y animal del país, incorporando penas privativas de libertad para estos delitos que ponen en riesgo no solo la producción, sino también la seguridad alimentaria nacional.
Un proyecto listo para ser votado en Sala
En condiciones de ser votado por la Sala del Senado quedó el proyecto que modifica el Código Penal en materia de internación al territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales, luego de que la Comisión de Constitución aprobara una disposición que regula las sanciones aplicables a este tipo de conductas.
La iniciativa ya había sido revisada
previamente por la Comisión de Agricultura, instancia que abordó el impacto productivo y sanitario de estas prácticas, y fue posteriormente remitida a la Comisión de Constitución para analizar específicamente la modificación del artículo 290 del Código Penal, norma que actualmente sanciona la internación de plagas.
Endurecimiento de sanciones: entre 541 días y 5 años de presidio
Tras un detallado estudio de la norma, la Comisión de Constitución aprobó un nuevo artículo que establece que “El que introduzca ilícitamente al territorio nacional, mediante carga, mercancía o bienes destinados a la comercialización o distribución, una enfermedad animal o plaga vegetal, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo”.
Esto implica penas que van desde 541 días hasta cinco años de cárcel, configurando un endurecimiento significativo frente a conductas que históricamente fueron subestimadas en su gravedad penal.
Origen transversal de la iniciativa
El proyecto fue presentado por el senador José Pilo Durana, junto a las senadoras Alejandra Sepúlveda y Paulina Vodanovic, y el senador Juan Castro Prieto, reflejando un respaldo transversal orientado a resguardar un interés estratégico del país: la integridad de su sistema productivo y sanitario.
Un mensaje claro en defensa del patrimonio sanitario
La aprobación de esta disposición no solo eleva el estándar de protección legal frente a la introducción ilícita de agentes nocivos, sino que también envía una señal inequívoca: atentar contra la sanidad vegetal y animal no es una infracción menor, sino un delito con consecuencias penales severas.
En un contexto global donde las plagas y enfermedades cruzan fronteras con mayor facilidad, el fortalecimiento del marco jurídico aparece como una herramienta indispensable para preservar la soberanía alimentaria y productiva.
