Asediada en su propia casa: periodista con riesgo de ceguera es víctima de ocupantes ilegítimos

Una periodista en Tucumán, con discapacidad visual grave (cuya identidad y documentación preservada por seguridad), enfrenta a diario violencia hostigamiento en su propia casa. La mujer, con visión subnormal por patologías oculares severas, convive con ocupantes ilegítimos en su vivienda desde hace varios años. Según los registros judiciales y denuncias presentadas, la situación incluye agresiones, perturbaciones constante, amenazas de muerte, despojo parcial de la casa, manipulación de bienes y daños estructurales intencionales.
A pesar de la gravedad de los hechos, de contar con medidas de protección de persona, la causa judicial ha sido tratada prioritariamente como un conflicto patrimonial, dejando en segundo plano la urgencia de protección y  seguridad de la víctima.

Patrón de violencia de alto riesgo

Los especialistas en psicología forense advierten que la reiteración de estos episodios constituye un patrón de violencia intrafamiliar de alto riesgo, que puede derivar en daño físico severo y riesgo de femicidio. Además, la mujer presenta patologías oculares degenerativas con riesgo bilateral de desprendimiento de retina, lo que la coloca en peligro de ceguera irreversible si no se interrumpen las agresiones y la convivencia forzada.

Desobediencia judicial y violencia reiterada

Los registros judiciales y las denuncias,  documentan múltiples episodios de convivencia forzada de los ocupantes ilegítimos. Coacción sobre servicios esenciales, que solo abona la víctima. Ingresos de extraños a pernoctar por semanas en la vivienda. Hostigamiento constante tras cada denuncia presentada. Manipulación de bienes y despojo parcial de dependencias comunes. Cambios de cerraduras que limitan el acceso libre de la propietaria a su hogar. Cada denuncia ha generado escaladas de violencia, un patrón que los expertos de psicología forense reconocen como indicador de riesgo crítico de daño físico grave y femicidio.

Daños patrimoniales y riesgo económico

Además de la violencia directa, los ocupantes ilegítimos han causado daños en el domicilio y no contribuyen al mantenimiento de la casa. Esto configura un cuadro de violencia patrimonial, que incrementa la vulnerabilidad de la víctima y afecta su seguridad, bienestar y calidad de vida. En el marco de la causa judicial en trámite, desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que no habría existido notificación formal respecto a medidas de protección dispuesta, motivo por el cual no se configuraría ningún incumplimiento vinculado a dicha resolución.
No obstante, la víctima sostiene que las notificaciones fueron emitidas de manera simultánea a todos los involucrados que viven en el domicilio, conforme a los mecanismos habituales del sistema judicial. Esta diferencia de interpretaciones quedó registrada en actuaciones recientes y continúa siendo parte del desarrollo del expediente.
La situación pone en foco la importancia de los procedimientos de notificación y de su correcta registración, especialmente en causas donde se encuentran involucradas medidas de carácter preventivo.

Emergencias que casi nunca responden

Durante los episodios de violencia, se registraron múltiples llamadas al 911 y a los canales de asistencia judicial destinados a víctimas de violencia. Sin embargo, la atención fue intermitente o inexistente en momentos críticos, lo que evidencia que los mecanismos formales no garantizan protección efectiva en situaciones de riesgo inminente.

Riesgo médico y salud crítica

La combinación de estrés constante, agresiones físicas y convivencia forzada incrementa la probabilidad de daño irreversible en la salud ocular de la mujer, incluido riesgo de ceguera completa. Cada día sin medidas de protección aumenta la vulnerabilidad física, psicológica y patrimonial de la víctima.

Feria judicial y medidas pendientes

El nuevo expediente figura “para decretar”, mientras defensores oficiales tramitan denuncias recientes por incumplimiento de medidas ante los graves y reiterados hechos de violencia y hostigamiento. Los pedidos de exclusión del hogar, prohibición de acercamiento (y botón antipanico), buscan garantizar que la convivencia forzada cese de inmediato. La demora y el enfoque patrimonial dejan a la víctima expuesta a daños continuos y riesgo vital, reforzando su sensación de indefensión y de abandono ante la escalada de violencia.

Contexto institucional 

El Gobierno de Tucumán ha reiterado que resguardará el derecho a la propiedad privada y no permitirá ocupaciones ilegales. La víctima tiene acreditados derechos sobre la propiedad y un juicio de desalojo en curso, mientras los ocupantes denunciados carecen de derechos posesorios y hereditarios sobre el inmueble. Este marco institucional refuerza la protección de la propiedad y subraya la urgencia de medidas que garanticen la seguridad personal de la víctima.

Riesgo de daño irreversible

Los expertos señalan que los casos de violencia, que terminan en tragedia rara vez son incidentes aislados, suelen ser procesos acumulativos de hostigamiento, desobediencia judicial, despojo y omisiones institucionales.
En este sentido, la demora en la aplicación de medidas preventivas no es neutral. Cada día sin exclusión efectiva aumenta el riesgo de daño irreparable, incluyendo en este caso en particular riesgo de femicidio y pérdida de visión. Cuando no hay exclusión, la carga de cuidarse recae sobre la víctima. La pregunta central del expediente no es sobre la titularidad de la vivienda sino, ¿hasta cuándo puede esperar la víctima la protección efectiva sin que el daño ya sea irreversible?

Fiscalía investiga agresiones graves mientras la víctima permanece expuesta

Este medio pudo corroborar la existencia de expedientes judiciales, informes médicos y actuaciones del gabinete psicosocial, cuya divulgación completa se reserva por razones de seguridad de la víctima.
Según consta en las actuaciones, las medidas de protección dispuestas consisten únicamente en el cese de perturbación y no incluyen la exclusión del hogar, ya que los hechos están siendo encuadrados como “conflicto patrimonial”.
Las causas se tramitan ante el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la II Nominación de Tucumán y ante el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de Feria.
Por otro lado, las investigaciones por las agresiones ocurridas el 31 de diciembre de 2025 y por hechos posteriores del 11 de enero de 2026, que habrían puesto a la víctima en riesgo vital, están a cargo de la Unidad Fiscal Criminal 2.

Respaldo editorial

Revista Mandato respalda la publicación de esta nota como periodismo de interés público, cuyo objetivo es visibilizar situaciones de violencia y riesgos de salud graves, protegiendo la identidad de la víctima.
El medio no emite juicios sobre autoridades judiciales ni fiscales. La publicación busca:
Promover conciencia social sobre violencia y ocupación ilegítima.
Respetar el anonimato y seguridad de la víctima.
Informar de manera documentada y profesional, siguiendo criterios de psicología forense, criminología y ética periodística.
Revista Mandato reafirma su compromiso con la libertad de prensa, el periodismo responsable y la defensa de los derechos humanos, difundiendo casos sensibles de manera ética y legal.