Banalización del juicio político: cuando la institucionalidad se vuelve experimento

La decisión de La Libertad Avanza de impulsar a Lilia Lemoine como presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados no puede leerse como un movimiento menor dentro del ajedrez parlamentario. Por el contrario, constituye un gesto político de enorme densidad simbólica que obliga a preguntarnos, con la mayor seriedad institucional, qué entiende hoy el oficialismo por idoneidad, por responsabilidad republicana y, en definitiva, por el valor de las instituciones.
Durante más de dos años, este órgano clave permaneció paralizado por decisión del propio oficialismo, en un contexto de debilidad legislativa. Ahora, bajo el aval de Karina Milei y el impulso de Martín Menem, se pretende reactivarlo con una designación que, lejos de fortalecer su legitimidad, la expone a un innecesario desgaste.
La Comisión de Juicio Político no es una comisión más. Es, quizás, uno de los espacios más delicados del sistema republicano, allí se analizan conductas de los más altos funcionarios del Estado, se evalúan causales de remoción y se pone en juego el equilibrio entre los poderes. Presidirla no es una tarea administrativa ni protocolar; exige formación jurídica, templanza política, experiencia parlamentaria y, sobre todo, una comprensión profunda del orden constitucional.
En este sentido, la postulación de Lemoine aparece como un acto de audacia que roza la imprudencia. Su trayectoria profesional, ligada al campo de la tecnología, los efectos especiales y la construcción de una identidad pública como influencer, no parece dialogar de manera evidente con las exigencias técnicas, jurídicas y políticas que demanda la conducción de un órgano de esta naturaleza. No se trata de desmerecer trayectorias no tradicionales, sino de advertir que no toda visibilidad pública ni toda capacidad comunicacional equivalen a aptitud institucional.
Más aún, la designación parece inscribirse en una lógica contemporánea que confunde representación con espectáculo, y legitimidad con exposición mediática. La política, en su versión más degradada, corre el riesgo de convertirse en una extensión de las redes sociales, donde el impacto inmediato sustituye al razonamiento complejo y la construcción de consensos.
Cabe preguntarse si este movimiento responde a una estrategia deliberada de tensión institucional o, simplemente, a una subestimación del rol que cumple la Comisión de Juicio Político dentro del sistema democrático. En cualquiera de los casos, el resultado es preocupante, se erosiona la credibilidad de un ámbito que debería estar resguardado de la improvisación.
No es menor que esta decisión surja en un contexto en el que el oficialismo busca reconfigurar su posicionamiento parlamentario. Sin embargo, fortalecer la presencia política no puede implicar debilitar los estándares de calidad institucional. La historia parlamentaria argentina, con sus luces y sombras, ha demostrado que los momentos de mayor solidez democrática fueron aquellos en los que se priorizó la idoneidad por sobre la conveniencia coyuntural.
En definitiva, lo que está en discusión no es una persona, sino un criterio. El juicio político es una herramienta extrema del sistema republicano, y su conducción exige algo más que lealtad partidaria o capacidad de instalación mediática, requiere solvencia intelectual, formación específica y una ética pública que esté a la altura de las circunstancias.
Designar a quien no reúne esas condiciones no es un gesto disruptivo ni innovador; es, en todo caso, una señal inquietante de cómo se puede vaciar de contenido a una de las instituciones más sensibles de la democracia.

Liliana Romano para Revista Mandato