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Desde 1939, Argentina ha trabajado para consolidar un procedimiento judicial oral y público, garantizado por nuestra Constitución. Este modelo permite acercar la justicia a la ciudadanía, posibilita el control social y construye legitimidad, algo que históricamente ha sido difícil de alcanzar. Sin embargo, hoy observamos un retroceso alarmante, el abuso de las audiencias virtuales amenaza la esencia de la oralidad judicial y los derechos de las partes involucradas. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales advierte sobre la gravedad de esta tendencia y llama a revertirla de manera urgente.
La virtualidad como excepción, no como regla
El uso de la tecnología en los tribunales puede ser útil para imputados, víctimas o testigos que tienen dificultades para concurrir personalmente. Para audiencias breves y acotadas entre profesionales sobre cuestiones estrictamente legales.
Sin embargo, actualmente la virtualidad se ha generalizado de manera inapropiada. En muchos casos, son los propios jueces, fiscales y defensores quienes la eligen para evitar concurrir a la sala, incluso en casos de enorme trascendencia social, como el juicio del caso “Cuadernos”. Esto reduce el juicio oral a pequeñas imágenes recortadas de un Zoom, degradando el procedimiento y la visibilidad de las decisiones judiciales.
Excusas que vulneran derechos
Entre las justificaciones que se han dado para el uso excesivo de la virtualidad se encuentran:
- Falta de salas de audiencia.
- Necesidad de optimizar el tiempo de jueces y juezas.
- Agendas saturadas de las partes.
Cuestionamiento del instituto
- No hay salas, pero se gastan recursos en cuestiones menores.
- Jueces usan tiempo en actividades ajenas a la función judicial, y el promedio de audiencias no supera las 20 horas al mes.
- Muchos fiscales y defensores podrían litigar más, pero se concentran en tareas administrativas innecesarias.
El resultado es una afectación severa de derechos y garantías, especialmente de los acusados y víctimas.
Consecuencias preocupantes
Se está normalizando que:
- Defensores no asistan en persona a sus defendidos, muchos de ellos en condiciones cercanas a la tortura, tal como denunció la campaña “No más presos en comisarías”.
- Fiscales eviten entrevistarse con víctimas o participar personalmente en audiencias y juicios.
- Decisiones sobre prisión preventiva se tomen virtualmente, sin certeza sobre la atención o la conducta de los litigantes.
Estas prácticas degradan la oralidad, oscurecen la figura de los jueces y ponen en riesgo la legitimidad de la justicia.
Urgente llamado a la acción
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales insta a los Tribunales Superiores y a la Corte Suprema a revertir esta situación de inmediato. La fortaleza de la administración de justicia es un valor central para la ciudadanía y la convivencia pacífica.
Las audiencias virtuales deben ser la excepción, no la regla, y siempre justificadas. No podemos permitir que la burocracia y la desidia judicial deriven en un modelo tecno-inquisitorial, que degrada el litigio y debilita los principios republicanos.
Convocatoria
«Basta de Justicia por Zoom» convoca a todos los ciudadanos, profesionales del derecho y organizaciones sociales a sumarse a la campaña contra el abuso de la virtualidad y defender un juicio oral y público de calidad, como lo establece nuestra Constitución, indicó el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
