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El abogado Fernando Burlando, habituado a causas de alto impacto mediatico, se presentó en el Colegio de Abogados de Tucumán para formalizar su matrícula local y poder intervenir en un expediente que, según él mismo planteó a la prensa, exhibe un retroceso institucional que la provincia no puede naturaliza. Se trata dd una medida cautelar que, en los hechos, opera como censura previa.
El letrado manifestó a los medios de comunicación que “Vengo a matricularme para poder trabajar legalmente acá. Hay un tema que involucra a toda la sociedad: la censura. Ese va a ser nuestro tema fundamental”, sostuvo ante la prensa. Con cautela, evitó revelar quién lo convocó, aunque confirmó que su desembarco está directamente relacionado con un medio que denunció haber sido alcanzado por una orden judicial restrictiva.
Un sistema que no respondió y un expediente que incomoda
Antes de formalizar su inscripción, Burlando aseguró haber intentado recabar información en el Ministerio Público Fiscal, donde afirma nadie quiso recibirlo. “Lejos de recibir amabilidad, la gente parecía que se escondía. No fuimos atendidos por nadie”, remarcó. Su matriculación es apenas el primer movimiento para “golpear algunas puertas” para ser escuchado.
La crítica de mayor contundencia estuvo dirigida al juez subrogante Lucas Taboada, autor de la cautelar cuestionada. Para Burlando, el fallo no solo afecta a periodistas y comunicadores, sino que compromete la confianza social en el sistema de justicia.
“El desprestigio de los jueces a veces se lo ganan por lo que resuelven. Este fallo desprestigia al Poder Judicial sin lugar a dudas. Pone en grave riesgo institucional a toda la sociedad”, afirmó.
Según su planteo, los criterios fijados por el Supremo Tribunal de Tucumán en fallos previos contradicen abiertamente lo decidido por Taboada, así como también lo solicitado por la fiscalía interviniente. Por eso, Burlando, no dudó en definir la medida como un “retroceso medieval”.
La libertad de expresión es el límite que no se toca
“La forma nunca es la censura”, dijo Burlando, y volvió sobre el punto que considera nodal, la afectación del derecho a opinar y expresar información sin condicionamientos previos. Sostuvo que la Corte Suprema de la Nación ya ha establecido que los funcionarios públicos pueden ser objeto de críticas duras o incómodas, y que una resolución de este tipo ,dictada además por un juez penal, resulta “muy extraña” y amerita ser investigada.
Un precedente que inquieta
“Estoy matriculado en infinidad de provincias y nunca vi algo así. Es algo muy fuerte. Los tucumanos no lo merecen”, sentenció antes los periodistas tras retirarse del Colegio de Abogados de la provincia.
La intervención de Burlando abre una nueva etapa en un expediente que, más allá de nombres propios, instala una discusión mayor, que es hasta dónde puede llegar el poder punitivo del Estado cuando se trata de controlar discursos, y qué señales envía la Justicia cuando sus decisiones se acercan más al silenciamiento que a la protección de derechos.
