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El avance de las comunicaciones comerciales invasivas instaló un malestar cotidiano que atraviesa clases sociales, edades y lugares. En ese clima, el denominado proyecto “No Molestar” busca prohibir las llamadas publicitarias no consentidas. Sin embargo, el debate legislativo revela una tensión más profunda, vinculada a si esta iniciativa soluciona el problema o si, por el contrario, superpone normas con la inminente Ley de Protección de Datos Personales, que entrará en vigor en diciembre. La Comisión de Economía analiza si ambas regulaciones persiguen el mismo objetivo, permitir que las personas renuncien a bases de datos y obligar a las empresas a no contactarlas, o si se trata de caminos paralelos que podrían fragmentar el sistema legal.
¿Duplicación de normas o protección insuficiente?
Durante las audiencias, especialistas y representantes sectoriales coincidieron en que la nueva ley de Datos Personales ya contempla el consentimiento para el uso publicitario de información y mecanismos para excluirse de bases de datos. En el caso de las cooperativas, se destacó una particularidad: al otorgar créditos a sus socios, no requerirían consentimiento previo, aunque la publicidad sí quedaría alcanzada por la normativa vigente desde diciembre.
Mirada técnica: el retiro de datos y las sanciones
La presidenta de la Comisión Asesora Ministerial para la implementación de la ley de Protección de Datos Personales, Romina Garrido, explicó que con la entrada en vigor de la norma los afectados podrán solicitar la eliminación de sus datos. Si las empresas no cumplen, la agencia correspondiente podrá sancionarlas. Subrayó, además, que la ley no prohíbe el contacto en sí mismo, sino que regula su legitimidad. A su juicio, avanzar con el proyecto podría fragmentar la legislación y sería prudente esperar primero la aplicación efectiva de la nueva ley.
Diagnóstico correcto, solución discutida
Garrido también advirtió que la iniciativa parte de un diagnóstico acertado (el uso abusivo de datos), pero ofrece una solución incompleta, ya que no impediría el tratamiento indebido de información ni abordaría el incumplimiento deliberado. Para ello, sostuvo, se necesita trazabilidad, gestión de pruebas y actualización constante de los registros.
La preocupación del sector comercial
Desde la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), María José Rojas coincidió en que el problema radica en el diseño del proyecto y alertó sobre el riesgo de que existan leyes paralelas. También planteó que la iniciativa podría afectar las cobranzas extrajudiciales, especialmente por el uso de prefijos telefónicos que dificultan identificar el origen de los llamados.
Próximos pasos legislativos
Tras el receso parlamentario, la Comisión de Economía retomará la ronda de audiencias para reunir más antecedentes antes de votar la idea de legislar. El objetivo será determinar si el proyecto “No Molestar” complementa o contradice el nuevo régimen de protección de datos.
El dilema de legislar contra la saturación comunicacional
El debate expone un problema contemporáneo: la saturación comunicacional y la fragilidad del control sobre los datos personales. Prohibir llamadas puede ser una respuesta inmediata al fastidio social, pero también corre el riesgo de convertirse en un parche si no se integra a una política de datos coherente. La discusión de fondo no es solo cómo silenciar el teléfono, sino cómo reconstruir el equilibrio entre mercado, tecnología y derechos individuales. En una era donde la información es poder, la verdadera pregunta es quién lo administra y bajo qué reglas. Para sociedades como las latinoamericanas, donde la confianza institucional es frágil, la efectividad de estas leyes dependerá menos de su letra y más de su cumplimiento real.
