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Un respaldo transversal devuelve al sistema financiero una práctica histórica pensada para proteger procesos críticos. Con una votación amplia y transversal, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que restablece el feriado bancario en Chile, una herramienta tradicional del sector financiero que había desaparecido tras ajustes realizados durante la tramitación de la Ley Fintech. La iniciativa, que ahora espera su promulgación, vuelve a incorporar en la Ley General de Bancos la prohibición de atender público el 31 de diciembre y los sábados, salvo autorizaciones específicas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La medida había contado con respaldo unánime en la Comisión de Hacienda, lo que anticipó el clima favorable que se vivió en la sala. Con esta aprobación, el Congreso reestablece un orden operativo que los bancos consideran clave para evitar riesgos en jornadas de alta exigencia institucional.
Una pausa necesaria para proteger la estabilidad
Detrás del feriado bancario no hay un simple día sin atención, se trata de un espacio técnico que permite ejecutar tareas delicadas sin la presión de la operación diaria. Cierres contables, conciliaciones, actualizaciones regulatorias, auditorías internas y procesos administrativos de alta complejidad forman parte de esas labores que requieren precisión y resguardo.
En la discusión parlamentaria se destacó que el 31 de diciembre concentra uno de los momentos más críticos del calendario financiero, donde la solidez de los procedimientos incide directamente en la transparencia del sistema y en la confianza pública. La reposición del feriado, coincidieron los legisladores, fortalece la seguridad operativa y devuelve a la banca una herramienta de gestión que había sostenido durante décadas.
Un gesto de orden y prudencia
El restablecimiento del feriado no solo corrige una omisión legislativa, también expresa un consenso político sobre la importancia de preservar estándares de control y continuidad en una industria estratégica. En tiempos de modernización financiera acelerada, el Congreso subraya que la eficiencia no debe estar reñida con la responsabilidad institucional. Con la promulgación pendiente, Chile se encamina a reinstalar una práctica que, más que detener la actividad, la asegura. Una pausa mínima para que todo siga funcionando.
