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Por Revista Mandato
El 19 de enero de 1826 el archipiélago de Chiloé pasó a formar parte formal de la República de Chile. Con ese acto se cerró el último capítulo del dominio español en Sudamérica y se consolidó, en los papeles, la unidad del país. Dos siglos después, el Bicentenario de la anexión de Chiloé invita a una revisión más profunda, no solo del hecho histórico, sino del modo en que el Estado chileno se ha vinculado, y se vincula aún, con sus regiones más alejadas del centro de poder. Chiloé no fue una incorporación automática ni meramente administrativa. Fue el encuentro entre una república en formación y una sociedad insular con prácticas, tiempos y valores propios, forjados durante más de doscientos cincuenta años de historia colonial y aislamiento geográfico.
Un archipiélago con historia propia
Desde 1567, Chiloé ocupó un lugar estratégico en el Imperio Español. Dependiente durante largos períodos del Virreinato del Perú, el archipiélago desarrolló una organización social basada en la cooperación comunitaria, una fuerte religiosidad y una economía de subsistencia adaptada a un entorno complejo.
Cuando Chile proclamó su independencia en 1818, Chiloé optó por mantenerse fiel a la Corona. Esa decisión no respondió únicamente a lealtades políticas, sino también al temor frente a un nuevo orden incierto y a la ausencia de garantías concretas por parte del naciente Estado chileno.
La anexión: hechos y fechas clave
Los intentos iniciales de incorporar Chiloé por la vía militar fracasaron. Recién en 1826, bajo el liderazgo del Director Supremo Ramón Freire, se logró un desenlace definitivo, combinando presión militar y negociación política.
El 19 de enero de 1826, mediante la firma del Tratado de Tantauco, el gobernador español Antonio de Quintanilla acordó la entrega del archipiélago a Chile. El tratado estableció condiciones poco habituales para la época, respeto a la propiedad privada, reconocimiento de derechos civiles y garantías religiosas para la población local. Con ese acuerdo, Chiloé se convirtió en provincia chilena, poniendo fin a su condición de enclave español y cerrando un ciclo iniciado más de tres siglos antes.
Integración y distancia
La incorporación al Estado chileno no significó, sin embargo, una integración plena e inmediata. Durante gran parte del siglo XIX y buena parte del XX, Chiloé permaneció al margen de las prioridades nacionales, con escasa inversión pública y limitadas oportunidades de desarrollo.
Pese a ello, el archipiélago conservó y fortaleció una identidad cultural singular, su arquitectura en madera, su mitología, su gastronomía, sus formas de organización social y su vínculo profundo con el mar. Con el tiempo, esos rasgos dejaron de ser vistos como expresión de atraso y pasaron a ser reconocidos como patrimonio cultural de Chile y del mundo.
Bicentenario: memoria y desafío político
A doscientos años de la anexión, el Bicentenario de Chiloé no puede reducirse a una efeméride celebratoria. Es, ante todo, una instancia para reflexionar sobre el modo en que se construyó la nación y sobre las deudas persistentes con los territorios insulares y australes.
Chiloé recuerda que la unidad del país no se sostiene solo en tratados y decretos, sino en políticas públicas sostenidas, reconocimiento cultural y participación real en las decisiones nacionales. La historia de su anexión obliga a pensar el centralismo, la desigualdad regional y la necesidad de un Estado capaz de mirar más allá de la capital.
Porque Chiloé no fue simplemente incorporado a Chile en 1826. Desde entonces, ha sido una voz constante que interpela al proyecto republicano y a su promesa de integración efectiva.
