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Por Revista Mandato
Por momentos, la política migratoria latinoamericana parece oscilar entre dos extremos igualmente improductivos, el voluntarismo discursivo y el repliegue defensivo. El rechazo del presidente de Perú, José Jerí, a la propuesta del presidente electo chileno José Antonio Kast de crear un “Corredor Humanitario” para migrantes venezolanos se inscribe, con nitidez, en esa tensión. No se trata solo de un desacuerdo bilateral, es la evidencia de un problema estructural que la región sigue sin querer, o sin poder, resolver de manera seria y coordinada.
El corredor como consigna, no como política pública
La idea de un corredor humanitario suena, en abstracto, correcta. Remite a protección, a orden, a cooperación regional. Pero en el contexto sudamericano actual, el concepto fue trasladado sin la precisión técnica ni el respaldo jurídico que exige una figura de esa naturaleza. En el derecho internacional humanitario, los corredores existen para evacuar población civil en escenarios de guerra o colapso institucional extremo, bajo supervisión internacional y con garantías de seguridad.
Aplicar esa figura a la migración venezolana, una crisis humanitaria prolongada, pero no formalmente encuadrada en un conflicto armado, exige algo más que voluntad política, requiere consensos multilaterales, marcos legales comunes y, sobre todo, un acuerdo explícito con el país de destino final, Venezuela. Sin ese andamiaje, el corredor se transforma en una consigna política eficaz para el debate interno, pero inviable en la práctica.
Soberanía, seguridad y un mensaje regional.
El presidente Jerí dijo que para Perú no es viable el corredor humanitario, y esto no debe leerse únicamente como un portazo a Chile. Es, en realidad, un mensaje hacia adentro y hacia la región. Perú no está dispuesto a asumir costos adicionales en un escenario donde la migración irregular ya es percibida, con razón o sin ella, como un factor de presión sobre la seguridad, el empleo y los servicios públicos.
Desde la lógica del Estado, la postura es coherente. Ningún país acepta ser corredor de tránsito masivo sin control, sin financiamiento ni garantías jurídicas. El problema es que esta lógica, replicada en cada capital sudamericana, termina produciendo un efecto de embudo, como lo son las fronteras más duras, migrantes atrapados, redes ilegales fortalecidas y mayor vulnerabilidad humanitaria.
El error compartido: abordar la migración como urgencia policial
Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Argentina cometen un error común, que es tratar la migración venezolana como una crisis episódica y no como un fenómeno estructural de largo plazo. Cuando la política se formula desde la urgencia, o desde el temor, las respuestas tienden a ser reactivas, fragmentadas y, muchas veces, contradictorias con los estándares internacionales de derechos humanos que los propios Estados han suscripto. El corredor humanitario, tal como fue planteado, fracasa porque intenta resolver con una sola herramienta, un problema multidimensional económico, político, social y humanitario. Y la negativa peruana, aunque comprensible, confirma que la región sigue atrapada en respuestas nacionales para problemas transnacionales.
Una salida posible: del corredor al sistema regional de retorno y regularización
La alternativa no está en insistir con un corredor humanitario clásico, sino en avanzar hacia un Sistema Regional de Retorno, con regularización y protección concretos:
– Retorno voluntario asistido, coordinado con organismos internacionales como la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), financiado por un fondo regional y con garantías reales de ingreso a Venezuela. Sin voluntariedad, cualquier retorno es políticamente explosivo e ilegal.
– Regularización temporal regional, con criterios comunes entre países receptores, que permita identificar, documentar y ordenar a la población migrante mientras se estabilizan las condiciones de retorno. La irregularidad masiva es el principal combustible de la inseguridad y la explotación.
– Responsabilidad compartida, con cuotas diferenciadas según capacidad económica y demográfica de cada país, evitando que el peso recaiga siempre sobre los mismos Estados.
– Presión diplomática multilateral sobre Venezuela, no retórica, sino operativa.
– Reapertura consular plena.
– Reconocimiento de documentos, garantías mínimas para retornados y monitoreo internacional.
Menos gestos, más arquitectura política
El debate entre Kast y Jerí no es un escándalo diplomático, es un espejo incómodo. Muestra que Sudamérica carece hoy de una arquitectura migratoria común y que las buenas intenciones, sin diseño técnico ni acuerdos previos, se desvanecen al primer control fronterizo.
La migración venezolana no se resolverá con slogans humanitarios ni con cierres defensivos. Requiere una política adulta, regional y sostenida en el tiempo. Mientras eso no ocurra, seguiremos discutiendo corredores que no conducen a ningún lado, mientras millones de personas quedan atrapadas en el medio.
Y en migraciones, como en geopolítica, la ausencia de decisión colectiva siempre termina siendo una decisión con costos humanos altísimos.
