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En tiempos donde la palabra “crisis” se ha vuelto moneda corriente, hay silencios que pesan más que cualquier titular. Cuando quienes deben cuidar derechos fundamentales callan, la vulnerabilidad se profundiza. Desde la Revista Mandato, donde entendemos la comunicación como un acto de ética pública, ponemos la lupa sobre un comunicado que interpela de manera directa y urgente al movimiento sindical argentino. No se trata de una disputa política más, se trata de derechos básicos, de infancias y familias, de trabajadores que que una vez mas hoy se sienten desprotegidos.
¿Quién alza la voz cuando los derechos se suspenden?
El Foro Permanente de Promoción y Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un pronunciamiento que encendió alarmas y obligó a mirar de frente una realidad que incomoda, el “silencio sindical” frente al incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la ausencia de políticas públicas efectivas.
El documento inicia con preguntas que interpelan, una por una, las responsabilidades históricas del sindicalismo argentino:
«¿Acaso no hay trabajadores con discapacidad o en proceso de rehabilitación? ¿Acaso no tienen derecho al trabajo? ¿Cómo explicar que no reclamen por la atención que hoy se les niega a niños y jóvenes? ¿Y por qué callan ante los atrasos en pagos y aranceles que afectan directamente a los hijos de sus propios afiliados?»
La crítica no es menor. El Foro señala que la Ley de Emergencia en Discapacidad —aprobada por ambas cámaras, ratificada tras el veto presidencial y luego suspendida por el Gobierno Nacional— hoy se encuentra sin aplicación efectiva, dejando a miles de personas sin las prestaciones indispensables para vivir con dignidad.
Desde ese punto de partida, el comunicado avanza con un señalamiento estructural:
«Es grave que quienes en otros momentos alzaron su voz en defensa de los trabajadores, sus familias y los sectores más vulnerables, hoy elijan guardar silencio.»
Para el Foro, que reúne organizaciones de personas con discapacidad, familias, prestadores, transportistas e instituciones, este silencio no es neutro, es una forma de aval. Un aval implícito que, remarcan, fortalece a quienes han “desatendido y desmejorado” la situación del sector.
La denuncia es clara, la falta de pronunciamiento sindical permite avanzar políticas que dejan sin atención a miles, especialmente a los sectores que menos pueden esperar. Y aunque reconocen que los gremios no tienen injerencia directa en decisiones gubernamentales, insisten en que sí tienen, y siempre tuvieron, la responsabilidad ética y social de marcar posición cuando se vulneran derechos.
Cuando callar también es una decisión política
En un país donde la historia sindical ha sido determinante para la defensa de derechos laborales y sociales, el silencio frente a la emergencia en discapacidad no pasa desapercibido. Desde el Foro y desde cada familia que hoy espera respuestas, el mensaje es contundente: no alcanza con no poder intervenir, es necesario querer intervenir.
Revista Mandato entiende que la comunicación pública también es un territorio de disputa ética. Y en esa disputa, elegir el silencio es tomar partido. Las personas con discapacidad y sus familias no pueden esperar. Las organizaciones que las representan no pueden, ni deben, quedar solas. El llamado es urgente y directo, es momento de que el movimiento sindical recupere su voz hoy, antes de que la omisión se consolide como una forma de exclusión.
