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Cuando la tierra habla y el poder duda
Hay fechas que no caben en los calendarios porque permanecen suspendidas en la memoria moral de un país. La madrugada del 27 de febrero de 2010 es una de ellas. A las 3:30, mientras la mayoría dormía, el suelo del sur de Chile recordó a sus habitantes que viven sobre una frontera invisible entre la vida cotidiana y la intemperie. Durante más de dos minutos y medio (una eternidad cuando el mundo se desarma), la tierra se estremeció y, con él, también lo hicieron las certezas de progreso, seguridad y control que toda sociedad moderna presume haber conquistado. El terremoto tuvo una magnitud de 8.8 grados en la escala Richter.
El saldo fue brutal, más de 500 fallecidos, cerca de dos millones de damnificados, medio millón de viviendas destruidas. Pero las cifras, aunque necesarias, no alcanzan para narrar el verdadero impacto. Porque a la violencia del terremoto le siguió algo aún más perturbador: el error humano. La alerta fallida sobre el tsunami (descartado inicialmente por las autoridades tras un diagnóstico equivocado del sistema naval), convirtió a la tragedia natural en una tragedia política. El mar no sólo avanzó sobre las costas; también avanzó sobre la confianza pública.
En regiones donde vive cerca del 80% de la población, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía, Maule y Biobío, el país comprobó que la tecnología sin coordinación es apenas una ilusión sofisticada. El Estado, que debe ser refugio en la catástrofe, quedó por momentos paralizado por la incertidumbre y la burocracia. La negación inicial de ayuda internacional, revertida días después, terminó de dibujar una escena incómoda; el orgullo nacional puede ser una forma de ceguera cuando lo urgente es salvar vidas.
Pero reducir aquel episodio a una suma de errores sería injusto y, sobre todo, insuficiente. Porque también emergió otra dimensión, menos visible y más poderosa colo es la solidaridad espontánea. Vecinos que rescataron vecinos, comunidades que improvisaron refugios, manos anónimas que hicieron lo que las instituciones tardaron en hacer. En esos gestos mínimos se reveló una verdad incómoda para cualquier gobierno, que la resiliencia social suele preceder a la reacción estatal.
Desde esta orilla de los Andes, en el norte argentino donde los temblores también forman parte del paisaje posible, la historia resuena con una advertencia que trasciende fronteras. Los desastres no sólo miden la fuerza de la naturaleza; miden la calidad de nuestras decisiones colectivas. No hay país sísmicamente preparado si su conducción política no lo está. No hay protocolo que funcione si la comunicación falla. Y no hay desarrollo real si la prevención se subordina a la improvisación.
16 años después, la pregunta no es qué ocurrió aquella madrugada, eso está documentado, sino qué aprendimos como región. América del Sur comparte cordilleras, placas tectónicas y también vulnerabilidades estructurales. Sin cooperación, sin memoria activa y sin autocrítica institucional, cada tragedia vuelve a empezar desde cero.
Tal vez el legado más profundo de aquel 27 de febrero no sea la devastación material sino la lección ética. Es que cuando la tierra habla, el poder no puede dudar. Porque en esos minutos decisivos se define algo más que una emergencia; se define el vínculo entre el Estado y sus ciudadanos, entre la autoridad y la verdad, entre la historia y la conciencia.
Las catástrofes naturales son inevitables. Las catástrofes políticas, en cambio, siempre son evitables. Y esa diferencia, tan frágil como decisiva, es la que separa a un país que sufre de un país que aprende.
Por Liliana Romano para Revista Mandato
