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Por Revista Mandato
Leyendo la información en el diario Perfil, inferimos que hay decretos que ordenan y decretos que revelan. El DNU 941/25, con el que el gobierno de Javier Milei reformula la Ley de Inteligencia Nacional, pertenece a esta segunda categoría, porque no solo modifica normas, sino que expone una concepción del poder y del Estado que merece ser leída con atención crítica.
Que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) quede habilitada a proceder a la aprehensión de personas marca un quiebre simbólico y jurídico. La inteligencia, históricamente asociada a la recolección de información, el análisis estratégico y la prevención, cruza una frontera delicada cuando asume funciones propias de la coerción directa. No se trata de un detalle técnico, es una redefinición del rol del organismo en el entramado democrático.
Aún más inquietante es el principio que estructura el decreto, todas las actividades de inteligencia pasan a ser, por definición, encubiertas. El secreto deja de ser una herramienta excepcional para convertirse en norma permanente. En nombre del “Riesgo Estratégico Nacional”, el Estado se reserva un margen de opacidad que reduce los mecanismos de control, debilita la rendición de cuentas y tensiona el equilibrio republicano entre poderes.
La historia argentina no es neutral frente a estas decisiones. Cada ampliación de facultades en organismos de inteligencia carga con una memoria densa, persecuciones, espionaje interno, abusos cometidos al amparo del silencio institucional. Por eso, cuando se habilita a estos órganos a protegerse a sí mismos, a repeler agresiones y a actuar en cualquier ámbito donde desarrollen tareas, como establece el artículo 19, la pregunta ya no es si la norma es legal, sino si es legítima en una democracia que se pretende madura.
El reordenamiento interno del poder que introduce el decreto tampoco es menor. La creación de una nueva oficina de inteligencia bajo la Jefatura de Gabinete redistribuye influencias dentro del círculo presidencial y confirma que la inteligencia es hoy una pieza central del proyecto político libertario. No como soporte técnico, sino como herramienta de gobierno.
La cuestión de fondo es clara, ¿qué Estado se está construyendo cuando observar, clasificar y ahora detener se concentran bajo el mismo paraguas, protegido por el secreto? ¿Qué lugar queda para el control parlamentario, judicial y social cuando el encubrimiento es la regla y no la excepción?
La aprehensión de personas no es solo una frase en un decreto. Es una señal. Indica hasta dónde está dispuesto a avanzar un gobierno que desconfía de las mediaciones institucionales y apuesta por la concentración decisional. Frente a esto, el debate no puede reducirse a alineamientos partidarios. Es un debate sobre límites, garantías y memoria.
Porque cuando la inteligencia deja de observar y comienza a detener, la pregunta ya no es a quién protege el Estado, sino de quién decide protegerse.
