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El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La decisión se produce luego de un fallo judicial que ordenó su entrada en vigencia inmediata y la aplicación del nuevo régimen de pensiones, en un contexto de fuerte disputa política, administrativa y judicial en torno al financiamiento y la implementación de la norma.
Un decreto dictado por orden judicial
La reglamentación, firmada por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y fijó como fecha límite el 4 de febrero para su plena implementación.
El magistrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por O. G. J., en representación de sus hijos, y ordenó la inmediata aplicación de la Ley N.° 27.793, anulando la decisión del Poder Ejecutivo de frenar su vigencia.
El origen del conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso
La ley había sido sancionada por el Congreso en septiembre de 2025. El Gobierno intentó impedir su aplicación mediante un veto, argumentando la falta de recursos para afrontar las nuevas prestaciones. Sin embargo, la Cámara de Diputados insistió en su promulgación, que se concretó pese a la resistencia del Ejecutivo.
Aunque la norma fue promulgada formalmente, su aplicación quedó suspendida a la espera de que la Cámara Baja definiera la fuente de financiamiento, decisión que luego fue objetada judicialmente.
Pensiones no contributivas y rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad
La reglamentación llegó sobre el límite del plazo judicial, a través del Decreto 84/2026, que establece los criterios del nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. El texto define requisitos de acceso, procedimientos de evaluación socioeconómica e incompatibilidades con otras prestaciones.
El Gobierno sostiene que la implementación de la ley requería una reglamentación formal para establecer mecanismos de control y procedimientos administrativos, funciones que quedan bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud.
Participación federal, auditorías y límites presupuestarios
La normativa obliga a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica y a presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo máximo de 30 días. También dispone la articulación con organismos estatales y de la sociedad civil, como el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, con el objetivo de garantizar una participación federal y sectorial.
El decreto reconoce las restricciones fiscales y establece que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias jurisdiccionales.
La conversión de pensiones y el nuevo esquema institucional
Uno de los puntos más complejos es la conversión automática de las pensiones no contributivas previas, ahora denominadas Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La Secretaría deberá identificar y verificar miles de prestaciones para asegurar una transición ordenada y coherente del sistema.
En términos institucionales, el decreto centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, con el acompañamiento permanente del Consejo Federal de Discapacidad, organismo creado en 1996 e integrado por representantes nacionales, provinciales y organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, se establece la necesidad de prevenir la superposición con otros beneficios previsionales, coordinar con políticas de inclusión laboral y realizar auditorías periódicas. Tanto la Secretaría como el Consejo Federal serán responsables de las tareas de fiscalización.
Una reglamentación sin aval al fallo judicial
El decreto, firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, aclara expresamente que su dictado no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial. El texto señala que “Sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos, se propicia el dictado del decreto reglamentario”.
La norma entró en vigencia con su publicación.
Designaron a tres nuevos funcionarios en el área de discapacidad
Tras la reglamentación de la ley, el Gobierno formalizó la designación de tres nuevos funcionarios clave en el área de discapacidad, estructura central del Ministerio de Salud, mediante resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.
Alejandro Vilches, nuevo secretario Nacional de Discapacidad
El cargo principal recayó en el doctor Alejandro Alberto Vilches, quien asumirá como secretario Nacional de Discapacidad. La secretaría coordina las políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad, incluyendo la regulación de certificados y el diseño de apoyos específicos.
Vilches había sido designado en agosto de 2025 como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la salida de Diego Spagnuolo en medio de un escándalo por sobreprecios. Su primera tarea fue impulsar una auditoría integral del área, con el objetivo de depurar el sistema y garantizar criterios de justicia en la asignación de beneficios.
Nuevas subsecretarías y funciones estratégicas
Como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos fue nombrado el licenciado Gianfranco Scigliano, responsable de la implementación normativa, la validación de certificaciones y el desarrollo de proyectos del sector. Su función incluye supervisar los procesos de otorgamiento de certificados de discapacidad y asegurar su respaldo técnico y legal.
El abogado Esteban Rafael Giler quedó al frente de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, desde donde deberá facilitar el acceso a herramientas de apoyo social, laboral y educativo. El área articula con organismos públicos y privados y trabaja en la eliminación de barreras en ámbitos clave como salud, educación y transporte.
Trayectoria y perfil del nuevo secretario
Egresado de la Universidad del Salvador, Alejandro Vilches cuenta con formación en gestión de sistemas de salud públicos y privados. Fue secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud y tuvo a su cargo la supervisión del examen unificado para el ingreso a residencias médicas, proceso en el que se detectaron irregularidades en los puntajes, con un aumento inusual de calificaciones altas, lo que derivó en una convocatoria extraordinaria para más de 200 postulantes y en la adopción de controles más estrictos.
En el ámbito estatal, se desempeñó como asesor en la Jefatura de Gabinete de Ministros, subgerente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (I.O.S.F.A.), ocupó cargos técnicos en la Armada Argentina y fue director general de evaluación de calidad en la Ciudad de Buenos Aires. También asesoró a comisiones de salud de la Legislatura porteña y de la Cámara de Diputados de la Nación.
En el sistema solidario, dirigió equipos médicos en diversas obras sociales y participó en procesos de intervención federal. A nivel académico, desarrolló actividad docente de posgrado en la Universidad Católica Argentina (UCA), dictando cursos de auditoría médica y participando en la maestría en gestión de salud y en la especialización en estudios sociales de la discapacidad.
