revistamandato.com 
Por Liliana Romano, periodista
Para Revista Mandato
En Tucumán, una provincia que convive desde hace años con los síntomas de la expansión narco, violencia difusa, rutas permeables, barrios tensionados y un sistema institucional puesto a prueba, los anuncios de éxito operativo suelen generar un eco ambivalente. Si bien se celebra la capacidad del Estado para golpear a estructuras criminales que se profesionalizan y mutan, cabe preguntarse cuánto de esos avances es excepcional y cuánto puede transformarse en una política pública sostenida.
Las declaraciones a la prensa del fiscal general Rafael Vehils Ruiz, tras una semana de intensos operativos que dejaron más de 400 kilos de droga secuestrada, se inscriben en ese punto de tensión en un Estado que muestra músculo para actuar, pero también reconoce que la amenaza narco se fortalece, se diversifica y cruza fronteras. Desde Revista Mandato analizamos aquí no sólo los datos, sino el mensaje político, institucional y social que late detrás de estos procedimientos.
Un golpe contundente, pero en un tablero que se mueve rápido
Vehils Ruiz definió los operativos como “un duro golpe al narcotráfico”. El énfasis no es casual. En un contexto regional donde las organizaciones criminales han demostrado capacidad aérea, poder económico y flexibilidad logística, lograr incautaciones de esa magnitud implica inteligencia previa, coordinación interinstitucional y, sobre todo, funcionarios dispuestos a no ceder ante la presión o la corrupción.
El fiscal destacó dos elementos que, en cualquier análisis serio de seguridad, no pueden pasarse por alto.
Primero, la honestidad policial, explicitada en un episodio concreto, el rechazo a un intento de soborno en el primer operativo, que revela que la disputa con el narcotráfico también se libra puertas adentro del Estado. Que un grupo de efectivos pueda resistir una cooptación económica es un indicador alentador en una región donde las estructuras criminales suelen avanzar, justamente, por la vía de la corrupción institucional.
Segundo: la efectividad operativa ante un adversario que no retrocede. En ambos procedimientos los narcos actuaron con violencia, poniendo en riesgo la vida de los policías. Que los uniformados respondieran con profesionalismo habla de entrenamiento, pero también de decisión política que demuestra que cuando el Estado decide recomponer capacidades, los resultados se notan.
Una escalada que ya no se puede negar
El propio fiscal admite un dato tan inquietante como revelador, el incremento en los secuestros un 1600% más respecto de otros períodos, no sólo es resultado de un mejor desempeño estatal. También refleja la expansión de la actividad narco, particularmente desde el aire.
La referencia a los envoltorios preparados para ser lanzados desde aeronaves y a los casos recientes en Salta y Rosario confirma una tendencia, las organizaciones criminales han incorporado rutas aéreas y logística transfronteriza para el transporte de cargamentos cada vez más voluminosos y costosos.
Esto expone una carencia histórica del NOA, la falta de radarización y controles tecnológicos adecuados. La demanda del fiscal por escáners, radares y sistemas de detección no es un gesto administrativo; es una admisión de que, sin control aéreo real, los golpes a la criminalidad seguirán siendo importantes pero siempre estarán fragmentados, condicionados, limitados.
Un llamado político que excede a Tucumán
Vehils Ruiz convocó a conformar un frente regional para combatir el crimen organizado. La frase no es menor porque reconoce que ninguna provincia del NOA puede enfrentar sola a redes que funcionan con lógica empresarial, que corrompen, intimidan y diversifican su economía ilícita.
También propuso una reunión entre gobernadores y el Presidente de la Nación, lo que constituye un gesto que, en el contexto actual, equivale a pedir una política de Estado sostenida y suprapartidaria.
En un país donde la coyuntura suele devorar la planificación, el narcotráfico avanza porque interpreta las grietas y las aprovecha. Lo ha hecho en Rosario, en el norte salteño, en la frontera jujeña y en los corredores tucumanos. Por eso, el mensaje subyacente del fiscal es claro: si el Estado no coordina, el narco sí lo hará.
La batalla que importa es la que no se ve
Lo incautado importa, y mucho. Pero no alcanza. La guerra contra el narcotráfico no se define en los procedimientos televisados y publicados en los diarios, sino en los intersticios del Estado, en la integridad de los funcionarios, en la tecnología que no llega, en los vacíos legales, en las fronteras vulnerables y en la desigualdad que alimenta los mercados ilícitos. Cada golpe operativo es valioso, pero es apenas un capítulo de un conflicto de largo aliento.
La reflexión incómoda, pero necesaria, es esta:
la seguridad no puede descansar solo en la épica policial; necesita instituciones blindadas, políticas sostenidas y una ciudadanía consciente de que el narcotráfico es un fenómeno que se infiltra, se adapta y aprovecha cada debilidad.
Si Tucumán quiere transformar estos golpes aislados en un sendero de recuperación institucional y social, deberá comprender que este no es un triunfo definitivo, sino un recordatorio de que la lucha recién empieza y de que requiere un compromiso colectivo, persistente y profundo.
