revistamandato.com 
La emergencia por incendios forestales que golpea con dureza a las regiones chilenas de Ñuble y Biobío volvió a poner en primer plano la capacidad de respuesta del Estado frente a catástrofes de gran escala. Ya se confirmaron 19 personas fallecidas, fueron refugiadas unas 860 personas distribuidas en 6 albergues en Ñuble y 8 en Biobío. Se recepcionaron durante la emergencia 87 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), lo que derivó en evacuaciones masivas. Trabajan en la zona 3.700 bomberos. Se mantienen al menos 14 focos activos.
En un escenario marcado por la urgencia climática, la acción humana y la vulnerabilidad territorial, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric decretó Estado de Catástrofe y activó un despliegue inmediato y transversal de recursos públicos, con el llamado claro de evacuar sin dudar cuando así lo indiquen las alertas oficiales.
Desde el primer momento, Fuerzas Armadas, Bomberos, Carabineros y CONAF trabajan de manera coordinada en el terreno, mientras las autoridades insisten en que la prioridad absoluta es resguardar la vida humana.
Emergencia que exige acción inmediata y responsabilidad
Ante la compleja emergencia la articulación interinstitucional es clave para enfrentar incendios de alta magnitud.
Las autoridades insisten en que lo más importante es resguardar las vidas humanas. Por ello, resulta urgente que las personas tomen resguardos, hagan caso a las autoridades y evacúen cuando así lo indiquen las alertas SAE. No hay que esperar ni dudar, se recuerda a la población mantenerse informada exclusivamente a través de las vías oficiales de SENAPRED y de las autoridades que irán comunicando las medidas adoptadas.
Llamado a evacuar, no regresar y prevenir
En el marco de la emergencia, el llamado a la población es seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades y no regresar a las zonas evacuadas.
Es entendible la inquietud de quienes desean resguardar sus casas y pertenencias, pero retornar pone en riesgo tanto sus propias vidas como las de los equipos de emergencia que trabajan en condiciones extremas.
Las autoridades advierten además que la mayoría de los incendios forestales son producto de la acción humana, ya sea por intencionalidad o negligencia. En este contexto, se vuelve urgente que la ciudadanía actúe con responsabilidad:
. No hacer fuego en zonas no habilitadas
. No dejar basura en áreas forestales
. Respetar todas las medidas preventivas
. Multas y sanciones: el incendio como delito grave
. Quien provoque un incendio forestal arriesga hasta 20 años de cárcel y multas de hasta $10 millones, ya que se trata de un delito grave que pone en riesgo vidas humanas, comunidades completas y el patrimonio natural del país.
Este punto refuerza la mirada jurídica y social de los incendios que no son sólo catástrofes ambientales, sino también hechos penales de altísima gravedad.
Propuesta y gestión de ayudas
La coordinación de ayudas para las personas afectadas ya está en curso. Se habilitaron:
. 6 albergues en Ñuble, que acogen a cerca de 160 personas.
. 8 albergues en Biobío, con más de 700 personas albergadas.
Paralelamente, los equipos del Ministerio de Desarrollo Social se encuentran aplicando la ficha FIBE en las zonas donde la situación lo permite, con el objetivo de catastrar daños y entregar ayudas tempranas.
A esto se agrega el despliegue de la Subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, quien se trasladará a la zona para coordinar la primera respuesta social.
Los Seremis de Desarrollo Social ya están presentes en los albergues levantando información, especialmente sobre grupos vulnerables.
Estado de Catástrofe: herramienta para proteger y ordenar
El Gobierno actuó con máxima celeridad al dictar el Estado de Catástrofe, lo que habilita medidas extraordinarias como el toque de queda, orientadas a evitar nuevos focos intencionales y proteger a la población.
El despliegue de las Fuerzas Armadas para el combate de incendios fue inmediato, ya que estas tareas no requieren esperar el decreto formal. De hecho, las brigadas forestales militares trabajan permanentemente en el territorio ante esta y otras emergencias.
El decreto de excepción tiene una finalidad específica para permir limitar derechos y libertades con el fin de garantizar la seguridad, aplicar toques de queda y proteger establecimientos frente a eventuales desórdenes o saqueos.
Entre la emergencia y el desafío estructural
La respuesta estatal, con recursos históricos y coordinación multisectorial, muestra una reacción robusta ante la urgencia, pero también deja en evidencia el desafío mayor de avanzar hacia una cultura preventiva, ambientalmente consciente y socialmente responsable.
En tiempos donde el fuego avanza más rápido que nunca, proteger la vida humana, el patrimonio y el ambiente, exige no sólo reacción, sino compromiso sostenido y colectivo.
