revistamandato.com 
El gobernador Osvaldo Jaldo firmó este lunes el decreto N.º 3.935/1, mediante el cual declara asueto administrativo para los días 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026 en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y las Comunas Rurales, en el marco de las celebraciones de Fin de Año.
La medida se suma a los asuetos ya dispuestos para el 24 y el 31 de diciembre, definidos previamente en línea con lo anunciado por el Gobierno nacional, configurando así una semana de actividad administrativa sensiblemente reducida en la provincia.
Decreto
Según el texto oficial, quedarán exceptuadas de la disposición aquellas áreas del Estado “encargadas del pago de sueldos y otros servicios impostergables”, quedando bajo responsabilidad de los ministros, el Fiscal de Estado y el Secretario General de la Gobernación garantizar su funcionamiento. Asimismo, el Ejecutivo invita a adherir a la medida a los Poderes Legislativo y Judicial, municipios, entes descentralizados y organismos autárquicos.
Fundamentos oficiales
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que la decisión se adopta en virtud de la “proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo”, fechas que, según el texto, poseen un “arraigado significado cultural, social y familiar”. En ese sentido, el instrumento, rubricado también por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, argumenta que resulta oportuno “facilitar la organización, el descanso y el disfrute de dichas festividades, así como los desplazamientos y actividades vinculadas a las mismas”.
¿Descanso necesario o rutina excesiva?
Desde una mirada política y administrativa más amplia, la decisión vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en Tucumán, como lo es la elevada frecuencia de asuetos en la administración pública provincial. Si bien el valor simbólico y social de las festividades de fin de año es innegable, la concentración de cuatro jornadas no laborables en apenas dos semanas afecta de manera directa el normal funcionamiento del Estado, interrumpe la tramitación de expedientes y deteriora la atención al ciudadano, que ve postergadas sus demandas por decisiones administrativas reiteradas. En un contexto económico y social complejo, donde se reclama mayor eficiencia institucional y previsibilidad, la reiteración de asuetos corre el riesgo de consolidarse como una práctica automática, más asociada a la inercia política que a una planificación estratégica del funcionamiento público. La excepción de “servicios esenciales” no alcanza a resolver el problema de fondo, un Estado que se desacelera justo cuando más se le exige capacidad de respuesta.
La decisión de Jaldo, alineada formalmente con la Nación, evita el costo político del aislamiento, pero no elude la discusión de fondo, ¿cuántos días sin actividad puede permitirse una provincia con urgencias estructurales pendientes? En ese interrogante se juega algo más que una agenda festiva, se pone en cuestión la relación entre el poder político, la administración y la ciudadanía.
