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La reciente designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia abre un nuevo capítulo en la política judicial argentina. Sus primeras declaraciones públicas y las decisiones que deberá tomar en las próximas semanas anticipan un escenario de tensiones dentro del sistema judicial.
Advertencia del INECIP
Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) advierten que existen dos definiciones inmediatas que marcarán el rumbo de la gestión, como la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py y la cobertura de más de 300 vacantes judiciales en todo el país.
Ambos procesos serán determinantes para definir si el Ministerio de Justicia actuará como una institución orientada a mejorar el funcionamiento del sistema judicial o si terminará absorbido por las disputas políticas que históricamente rodean al poder judicial federal.
Primer movimiento: el cambio de ministro y las disputas dentro del sistema judicial
El reemplazo del ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, no puede analizarse sin observar el entramado de poder que opera alrededor del sistema judicial argentino, especialmente en el ámbito federal.
En los tribunales federales confluyen múltiples actores que combinan influencia política, redes informales de poder y capacidad de incidir en el funcionamiento de la justicia. Entre ellos se encuentran jueces, fiscales, operadores judiciales, agentes de inteligencia, representantes de empresas legales e ilegales, dirigentes políticos y hasta referentes del mundo futbolístico, además de abogados de grandes estudios jurídicos.
Estos sectores suelen organizarse en lo que distintos analistas describen como “tribus” internas, muchas veces basadas en vínculos personales o familiares. El poder de estos grupos radica en su capacidad para impulsar o frenar causas judiciales de alto impacto institucional, especialmente aquellas vinculadas con corrupción, criminalidad económica y delitos cometidos desde posiciones de poder.
Con el cambio de ministro, una de esas estructuras internas parece haber logrado una ventaja dentro de la disputa por el control del sistema. Sin embargo, la historia reciente del campo judicial argentino demuestra que estos equilibrios suelen ser frágiles y temporales.
En este contexto comienza la discusión central, que cuestiobba el rol tendrá el Ministerio de Justicia. Según el planteo de INECIP, la cartera no debería actuar como operador político del Gobierno ante el Poder Judicial, sino como una institución destinada a fortalecer el funcionamiento del sistema judicial.
Segundo frente: la posible prórroga del sistema acusatorio en Comodoro Py
Uno de los primeros temas que deberá resolver el nuevo ministro es la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, prevista para el 20 de abril de 2026.
En sus primeras declaraciones públicas, Mahiques señaló que evaluará si existen condiciones para avanzar con la reforma en esa fecha. La decisión implica revisar un cronograma establecido por el ex ministro Cúneo Libarona.
Esta sería la tercera fecha fijada por el actual Gobierno para la puesta en marcha del nuevo modelo procesal. Las anteriores fueron postergadas tras presiones del Procurador General interino y de sectores del Ministerio Público Fiscal que, según diversas evaluaciones, muestran resistencia a asumir el rol central que el nuevo sistema les asigna: investigar los delitos con plazos definidos y procedimientos más transparentes, especialmente en casos que involucran al poder político o económico.
El argumento de las vacantes judiciales
El nuevo ministro mencionó que la existencia de vacantes en fiscalías federales podría dificultar la implementación del sistema acusatorio. Sin embargo, el informe de INECIP cuestiona ese argumento y presenta varios puntos que lo relativizan.
Primero, las vacantes no se cubrirán en el corto plazo. El Procurador interino recién abrió concursos para fiscalías de Comodoro Py en diciembre de 2025, correspondientes a cargos vacantes desde 2012, 2021 y 2023. Además, otro concurso para cubrir dos vacantes de ese fuero lleva siete años en trámite.
En ocho años de gestión, el Procurador interino elevó apenas 13 concursos, con un tiempo promedio de resolución de cinco años y medio. Bajo esas condiciones, esperar a que se cubran todas las vacantes implicaría postergar la reforma por un período indefinido.
Segundo, incluso con vacantes, Comodoro Py posee recursos suficientes. Un estudio del INECIP publicado en 2025 concluyó que los tribunales federales de ese distrito tienen la menor carga de trabajo por fiscal en funciones de todo el país.
Esto significa que otras jurisdicciones lograron implementar el sistema acusatorio con condiciones más exigentes, por lo que la falta de recursos no sería una explicación convincente para una nueva prórroga. Tercero, el sistema acusatorio permitiría utilizar mejor los recursos disponibles. El modelo prevé la creación de Unidades Fiscales en lugar de fiscalías aisladas, lo que facilita distribuir la carga de trabajo, formar equipos de investigación, aprovechar mejor el trabajo de secretarios y prosecretarios, que pasarían a desempeñarse como auxiliare, y priorizar los casos más complejos.
Cuarto, la implementación sería progresiva. El nuevo Código Procesal se aplicaría únicamente a las causas que ingresen después de su entrada en vigencia, lo que permitiría una transición gradual mientras se cubren las vacantes existentes.
Quinto, el principal riesgo no sería que el nuevo sistema fracase, sino mantener el modelo actual. Según datos del Ministerio Público Fiscal, menos del 1 % de las causas tramitadas en las fiscalías federales de la Ciudad de Buenos Aires termina con una respuesta penal considerada de calidad.
El propio INECIP analizó además diez causas judiciales de gran impacto social que permanecen sin resolución desde hace hasta 27 años, lo que revela los límites del sistema vigente.
Frente a este panorama, la organización plantea que el Ministerio de Justicia debería confirmar sin demoras la entrada en vigencia del sistema acusatorio en la fecha prevista, publicar el calendario de implementación para los distritos pendientes y promover el traslado de personal desde los juzgados hacia fiscalías y defensorías, tal como lo establece la Ley 27.150.
Tercer eje: las más de 300 vacantes judiciales
El segundo frente que marcará la política judicial del Gobierno es la cobertura de más de 300 vacantes en el sistema judicial argentino, uno de los procesos de nombramientos más grandes de las últimas décadas.
Durante sus primeras declaraciones, el ministro dejó entrever que la designación de jueces, fiscales y defensores podría formar parte de acuerdos políticos con distintos sectores de la dirigencia, incluidos gobernadores interesados en influir en la designación de jueces federales con competencia electoral.
Este escenario genera preocupación en distintos sectores del ámbito judicial, ya que podría consolidar la idea de que la selección de magistrados responde a negociaciones políticas antes que a criterios de idoneidad, trayectoria profesional o independencia.
Para evitar esa percepción, el INECIP sostiene que el Ministerio de Justicia debería publicar con claridad los criterios que utilizará para elegir candidatos dentro de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina.
La transparencia en ese proceso sería clave para garantizar que los nombramientos se basen en mérito profesional y autonomía institucional.
Los costos de las concesiones
El debate sobre la reforma judicial y la cobertura de vacantes no es meramente administrativo. Según el análisis de INECIP, si el Gobierno decide postergar nuevamente la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py y convierte los nombramientos judiciales en moneda de negociación política, podría consolidar el poder de los sectores más opacos del sistema judicial.
La coincidencia temporal no sería menor, muchas de esas estructuras concentran hoy causas judiciales sensibles para altos funcionarios del Gobierno nacional.
La experiencia institucional argentina muestra que las concesiones dentro del sistema judicial suelen tener consecuencias previsibles: procesos lentos, falta de transparencia y altos niveles de impunidad en delitos vinculados al poder político y económico.
En ese escenario, la advertencia final del informe resulta clara, los gobiernos que intentan administrar esas lógicas internas del sistema judicial suelen terminar atrapados por ellas.
