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Por Revista Mandato
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se recuerda hoy, no es una efeméride menor ni un gesto protocolar dentro del calendario institucional. Es, sobre todo, un termómetro ético, que señala hasta qué punto una sociedad está dispuesta a reconocer la dignidad de quienes históricamente han sido marginados. Y, en la Argentina actual, ese termómetro marca alarma.
Cada 3 de diciembre, Naciones Unidas llama a derribar barreras estructurales, urbanas, económicas, educativas, simbólicas, que impiden la inclusión plena. Pero en nuestro país, el debate se vuelve urgente no sólo por las deudas acumuladas, sino por el clima político introducido por el gobierno de Javier Milei, que tensiona aún más esa agenda.
Retroceso
En este último año, decisiones oficiales y discursos provenientes de áreas del Estado habilitaron un retroceso inédito. La combinación de recortes y vetos a beneficios esenciales, sumada al retorno de terminologías degradantes (ASDRA) para clasificar discapacidades intelectuales, configura un escenario que no sólo desprotege, sino que también hiere la dignidad de un colectivo históricamente vulnerado. Lo que en otros países sería una discusión superada, la del lenguaje como herramienta de respeto o violencia, aquí reaparece legitimado desde lo institucional.
Discapacidad en Argentina
La discusión, sin embargo, no es únicamente semántica. En la Argentina, más del 10% de la población convive con algún tipo de discapacidad. Eso implica que las decisiones presupuestarias, el acceso a prestaciones, la cobertura de apoyos esenciales, la movilidad y las condiciones de cuidado afectan directamente la vida cotidiana de millones de personas y familias. Cuando el Estado decide retraerse, la vulnerabilidad se multiplica.
¿En debate?
Lo que pone en juego este 3 de diciembre es la concepción misma de ciudadanía, ¿es la discapacidad una responsabilidad privada, un asunto familiar que debe resolverse sin el sostén del sector público? ¿o es una cuestión de derechos que exige políticas inclusivas, financiamiento sostenido, programas accesibles y una cultura institucional libre de estigmas? La respuesta define el tipo de contrato social que estamos dispuestos a sostener.
La inclusión empieza dónde termina el asistencialismo
La verdadera inclusión no nace del asistencialismo, sino del reconocimiento, del empleo digno con ajustes razonables, educación con apoyos efectivos, espacios públicos y transporte accesibles, sistemas de salud que acompañen con continuidad y respeto, y sobre todo, la convicción de que ninguna vida vale menos en función de sus capacidades.
Equidad
En un país donde la palabra “libertad” se invoca con insistencia, conviene recordar que no existe libertad posible sin igualdad de condiciones para ejercerla. Para una persona con discapacidad, la libertad empieza cuando el Estado garantiza los apoyos necesarios, cuando la sociedad desactiva prejuicios y cuando las instituciones se comprometen a no reproducir violencias simbólicas.
Un tiempo para interpelarnos
Este 3 de diciembre, más que un homenaje, Argentina necesita una interpelación profunda. No podemos permitir que la inclusión se vuelva un lujo, ni que los avances de décadas cedan ante la indiferencia política. La forma en que tratamos a quienes enfrentan mayores obstáculos revela quiénes somos. Y hoy más que nunca, urge demostrar que todavía podemos ser una sociedad capaz de honrar su dignidad.
