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El Sable Corvo de José de San Martín no es un mero objeto decorativo ni un trofeo político que pueda trasladarse al antojo de quien detente el poder. Este arma, forjada en Inglaterra en 1811, acompañó al Libertador en batallas decisivas como San Lorenzo y en las campañas de Chile y Perú, y luego se convirtió en testimonio tangible de un compromiso con la soberanía y la República. Su valor no radica en su metal ni en su curvatura, sino en la memoria histórica que encarna.
En 1844, desde su exilio francés, San Martín envió este sable a Juan Manuel de Rosas como un gesto inequívoco de reconocimiento. El mensaje del General decía “El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la Independencia de la América del Sud le será entregado al general de la República Argentina Don Juan Manuel de Rosas, como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla”. Con ello, San Martín estableció que la custodia de sus símbolos debía trascender los usos circunstanciales del poder y estar ligada a la defensa del honor nacional.
De la familia a la Nación
Tras la caída de Rosas y su exilio, el sable pasó a manos de su yerno, Máximo Terrero, y de su esposa, Manuelita, quienes en 1896 decidieron donarlo al Museo Histórico Nacional. Durante décadas, el arma descansó en Parque Lezama, custodiada y accesible al público, hasta que las tensiones políticas de los años 60 pusieron a prueba la solidez de ese acuerdo ante robos protagonizados por militantes de la Juventud Peronista, que marcaron la historia del sable como un objeto disputado. Este hecho derivó en el traspaso de la custodia al Regimiento de Granaderos, por unos 50 años. En 2015, un decreto presidencial devolvió el sable corvo al museo histórico, reconociendo su custodia civil y la importancia del acceso público.
El regreso al cuartel: ¿restauración histórica o apropiación política?
A partir del 7 de febrero, por Decreto 81/26, el Sable Corvo volverá al Regimiento de Granaderos. Oficialmente, este traslado se justifica como un acto de “correcta administración, preservación y seguridad” del patrimonio. Sin embargo, la medida abre un debate ineludible, porque mover el sable a un ámbito militar lo posiciona en un contexto político que podría interpretarse como un acto de apropiación simbólica por parte del Gobierno.
El Regimiento de Granaderos, declarado Monumento Histórico Nacional el 24 de octubre de 1997 mediante el Decreto 1.109/97, tiene un vínculo indudable con San Martín, pero el Museo Histórico Nacional representa un espacio civil, académico y cultural donde la historia de la independencia se construye y se comparte colectivamente. Alejar al sable de este contexto, plantea una pregunta crucial, ¿estamos priorizando la institucionalidad histórica o la utilización política de un emblema que pertenece a todos los argentinos?
Conciencia histórica
La Argentina se ha construido, también, a través de objetos cargados de sentido que exceden su materialidad. No son reliquias inertes, sino condensaciones de experiencias colectivas, de conflictos y consensos que atraviesan siglos. El sable corvo pertenece a esa categoría singular, no solo acompañó campañas militares decisivas, sino que fue inscripto en una cadena de decisiones políticas, familiares y culturales que lo convirtieron en un bien común antes que en un emblema circunstancial.
Por eso, cualquier desplazamiento de ese objeto exige algo más que solemnidad protocolar. Exige conciencia histórica. Convertirlo en parte de una escenificación coyuntural empobrece su significado y reduce la memoria a una herramienta de uso inmediato. La historia, cuando se la manipula como utilería, pierde su capacidad pedagógica y su espesor moral.
Los símbolos de la Nación no pertenecen a los gobiernos ni a las administraciones de turno; pertenecen al tiempo extenso de la sociedad que los reconoce, los debate y los preserva. Su custodia trasciende el simple resguardo físico; implica garantizar su permanencia en un espacio público, plural y crítico, donde continúen examinando a cada generación, obligándola a confrontar, comprender y valorar los fundamentos históricos y culturales que sostienen la identidad de la comunidad argentina.
Por Liliana Romano, corresponsal de Revista Mandato en Argentina y Chile.
