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Por Revista Mandato
Recordar a los 194 jóvenes que perdieron la vida en República de Cromañón es un acto de justicia que no puede limitarse al recuerdo. No fueron cifras, fueron proyectos truncados, afectos interrumpidos, familias destrozadas.
La música que debía unirlos se convirtió en tragedia por la negligencia, la impunidad y la desidia. Salidas de emergencia bloqueadas, pasillos estrechos, exceso de público y un techo inflamable que ardió en segundos.
El camino judicial fue largo y doloroso. Veintiséis personas fueron juzgadas; veintiuna condenadas por delitos vinculados a la habilitación irregular del local y la responsabilidad por las muertes. Entre ellas, Omar Chabán, gerente de Cromañón; Diego Argañaraz, exmánager de la banda; y el subcomisario Carlos Díaz. También funcionarios porteños recibieron penas por omisión de deberes. A pesar de las condenas confirmadas por tribunales superiores, hoy ninguno de los responsables directos cumple prisión. La causa continúa siendo revisada, recordándonos que la justicia, a veces, llega incompleta y tardía.
Cromañón no es solo un recuerdo trágico, es una herida abierta que interpela a nuestra sociedad. Exige preguntarnos cómo seguimos tolerando negligencias, cómo se permitieron omisiones que pusieron la vida por debajo de intereses económicos y políticos, cómo tantas alertas fueron ignoradas.
La memoria de quienes murieron no es un acto pasivo, es un llamado a transformar la realidad. A fortalecer políticas públicas, a garantizar seguridad en cada espacio en el que se congregue la sociedad, a exigir responsabilidad cuando la vida de otros está en juego.
Mantener viva esta memoria es un compromiso ético y político. Es honrar a quienes se fueron y aprender, con dolor y con firmeza, que un país que olvida su historia repite sus tragedias. Recordar a los muertos de Cromañón es, todavía hoy, un acto de resistencia frente a la indiferencia y un reclamo por un futuro donde la vida siempre sea protegida.
