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Piden a Milei que retire del Senado la solicitud de prorrogar el mandato de Mahiques
“No se puede prorrogar un cargo para el que nunca fue nombrado” advirtió INECIP. El intento de otorgarle un “nuevo nombramiento” en la Cámara Federal de Casación Penal vulnera la Constitución, ya que el juez, involucrado en el escándalo del caso AFA, nunca fue “nombrado” para ese cargo, sino que accedió mediante un traslado provisorio.
Pedido
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), solicitó al Presidente de la Nación Javier Milei, el retiro del pliego enviado al Senado para otorgar un “nuevo nombramiento” al juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal, al considerar que la medida resulta inconstitucional.
Según explicó la organización, Mahiques nunca fue designado en ese cargo federal mediante el procedimiento previsto por la Constitución Nacional (que exige concurso, selección del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado), sino que accedió a él a través de un traslado dispuesto en 2017 desde otro tribunal del fuero ordinario de la Capital Federal.
En este sentido, el instituto recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Bertuzzi” de 2020 (posterior a ese traslado), estableció que los traslados son actos provisorios que no pueden equipararse a los nombramientos.
En consecuencia, INECIP advirtió que no es jurídicamente posible otorgar un “nuevo nombramiento” a quien nunca fue nombrado en ese cargo, ya que no se puede prorrogar un cargo al que se accedió de manera provisoria. “El artículo 99 inciso 4 de la Constitución prevé la renovación de cargos únicamente para magistrados que hayan sido previamente designados conforme al procedimiento constitucional, lo que no ocurre en este caso”, señala la presentación dirigida al Presidente. Por ello, sostuvo que el pliego carece de sustento jurídico y podría derivar en su nulidad.
INECIP advirtió además que, de avanzar con la designación, el Estado podría enfrentar un escenario de alta conflictividad judicial, con planteos de inconstitucionalidad que afectarían la validez de las decisiones adoptadas por el tribunal.
La organización también cuestionó la continuidad de Mahiques en el máximo tribunal penal federal por los antecedentes de su desempeño. En particular, mencionó su reciente vinculación con el escándalo del caso AFA, su participación en el viaje a Lago Escondido junto a otros integrantes del sistema judicial y su intervención en decisiones judiciales controvertidas en causas de corrupción y criminalidad económica, como el fallo que favoreció al empresario Ángelo Calcaterra en el caso Cuadernos en 2024.
Asimismo, el instituto vinculó el caso con la situación estructural del Consejo de la Magistratura, al que responsabilizó, junto al Ejecutivo, por la persistencia de vacantes judiciales y el uso extendido de mecanismos excepcionales (como traslados y subrogancias), para cubrir cargos. Además, INECIP advirtió que el ineficaz ejercicio de las funciones disciplinarias permite que se extiendan impunemente hechos de vinculaciones indebidas entre magistrados y estructuras de poder.
La nota recuerda que el Consejo funciona desde hace cuatro años con una ley que había sido derogada en 2006 y que fue reinstaurada por la Corte Suprema, que había otorgado al Congreso un plazo de 120 días para dictar una nueva norma, plazo que continúa incumplido. En este contexto, la organización sostuvo que resulta necesario avanzar en una nueva Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura que garantice un sistema de designación y control de magistrados acorde a la Constitución Nacional.
INECIP instó al Poder Ejecutivo a evitar un nuevo desgaste político, jurisdiccional e institucional, como el generado por el intento de designación del juez Lijo en la Corte Suprema, y a retirar el pliego de Mahiques.
