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El Presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó la Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.
Acceso igualitario a la Justicia
El mandatario, que estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, entre otras autoridades, destacó que esta nueva institucionalidad permitirá fortalecer el acceso igualitario a la justicia y brindar atención jurídica y psicosocial a víctimas de delitos, así como representación jurídica gratuita a quienes más lo necesiten.
Presencia nacional
De esta forma el Estado garantizará una atención profesional, gratuita y especializada, acercando la justicia a las personas. El nuevo servicio tendrá presencia en todo el territorio nacional con 16 direcciones regionales y centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia.
Alejandro Martínez González
Esta iniciativa fue impulsada por la familia de Alejandro Martínez González, un joven de 19 años asesinado en 2008 en San Antonio, quienes lideraron una lucha incansable para que todas las víctimas estén acompañadas en su búsqueda de justicia. Gracias al impulso del Gobierno y al apoyo transversal del Congreso Nacional, fue posible nuevamente destrabar una ley que llevaba años esperando avanzar y que beneficiará a miles de familias que necesitan apoyo legal y psicosocial».
Así funcionará el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas
Aspectos clave de la Ley
Unifica la asistencia judicial y la atención de víctimas de delitos en un servicio público de carácter nacional, simplifica el proceso para que las personas puedan acceder a prestaciones y mejora su provisión al consolidar experiencias que antes estaban dispersas en distintas entidades.
Crea la Defensoría de las Víctimas de Delitos, que entregará atención integral jurídica y psicosocial, a víctimas de delitos, en particular a aquellos más violentos.
Esto reforzará la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana y ayudará a saldar una deuda pendiente con la ciudadanía.
Promueve la resolución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación familiar obligatoria para evitar que los conflictos lleguen a tribunales y se alcancen soluciones con la participación de las personas involucradas.
Entrega asistencia jurídica especializada respecto de diversos grupos y ámbitos, como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, defensa laboral y derechos humanos, entre otros.
Establece estándares de calidad y mecanismos de control en la atención de personas usuarias, avanzando hacia un enfoque de derecho y garantía para la ciudadanía en su acceso a la justicia.
Garantiza la atención profesional y asegurando que todas las personas usuarias reciban una atención de calidad.
Dispone la existencia de centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia y promueve medios remotos de atención para asegurar cobertura permanente en todo el territorio nacional.
Establece la gradualidad de la puesta en marcha del nuevo servicio, a partir de los 18 meses de la publicación de la ley. Iniciará en la zona norte, desde Arica hacia Valparaíso, informo el Gobierno de Chile.
