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La intendente Rossana Chahla encabezó este lunes la presentación oficial de la comisión especial que tendrá a su cargo la Reforma Integral del Código de Planeamiento Urbano (CPU) de San Miguel de Tucumán, una normativa clave para ordenar el crecimiento de la capital con una proyección de entre 30 y 50 años. El acto se realizó junto al presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y marcó el inicio formal de un proceso que el Ejecutivo y el Legislativo municipal buscan consolidar como una política de Estado.
Comisión
La comisión estará integrada por concejales y funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, con la misión de actualizar un código vigente desde fines de los años 90, hoy desbordado por el crecimiento poblacional, la expansión edilicia y la consolidación de un área metropolitana continua con Yerba Buena y otras localidades vecinas. Forman parte del cuerpo de trabajo el secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklián; la directora de Planificación Urbana, María Guadalupe Rearte; el subdirector del área, Marcelo Beccari; la arquitecta Mónica Ailán; y los concejales Facundo Vargas Aignasse, Gonzalo Carrillo Leito, Emiliano Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Gastón Gómez y Carlos Arnedo.
Falencias históricas
Durante su intervención, Chahla subrayó el carácter estratégico del proceso y reconoció las falencias históricas del desarrollo urbano local. “San Miguel de Tucumán creció de manera desordenada, sin una planificación integral acorde al aumento poblacional. Hoy tenemos la posibilidad de corregir eso y pensar la ciudad que queremos y soñamos a 30 años”, afirmó.
La intendenta destacó que el nuevo CPU se construirá con una mirada amplia y participativa, incorporando a vecinos, desarrolladores, universidades, expertos, inversores y organizaciones de la sociedad civil. “Este código tiene que surgir del consenso y de distintas voces”, remarcó, y adelantó que se utilizarán herramientas digitales y simulaciones para proyectar escenarios urbanos futuros.
Diagnóstico
Según explicó, la etapa de diagnóstico demandará alrededor de seis meses y abordará de manera articulada la planificación urbana, la movilidad, el ambiente y la infraestructura. “No se trata solo de decir qué queremos hacer, sino de definir cómo y con quiénes”, señaló. En ese marco, también se refirió a los reclamos vinculados al acceso al agua, el crecimiento edilicio y el derecho a la vivienda, planteando la necesidad de acompañar el desarrollo poblacional con infraestructura adecuada y normas ambientales de cumplimiento efectivo.
Una política que trascienda gestiones
Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, sostuvo que la reforma del CPU apunta a trascender coyunturas políticas. “No queremos un código de un gobierno, sino una herramienta que ordene la ciudad durante las próximas décadas”, expresó. En ese sentido, anticipó que se convocará a organismos provinciales y a intendentes del área metropolitana para articular criterios comunes, especialmente en materia de agua, cloacas y ambiente.
Misión trascendente
El secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklián, calificó el inicio del proceso como “un momento trascendente” y detalló que la reforma se apoyará en siete ejes centrales: visión metropolitana, medio ambiente, defensa del patrimonio, nuevas centralidades urbanas, movilidad, equilibrio de infraestructura y desarrollo de una ciudad inteligente.
Esquema de trabajo abierto
Finalmente, el concejal Facundo Vargas Aignasse, presidente de la comisión de reforma, explicó que el lanzamiento da paso a un ciclo de audiencias públicas y a un esquema de trabajo abierto. El objetivo es que el nuevo Código de Planeamiento Urbano esté finalizado en 2026, incorporando dimensiones ausentes en la normativa actual y rompiendo con la lógica de legislar sin participación ciudadana.
Fin al crecimiento improvisado
La reforma del Código de Planeamiento Urbano no es un trámite técnico ni un mero ajuste normativo, es una decisión política de largo aliento. En una ciudad atravesada por décadas de crecimiento improvisado, el desafío no está solo en proyectar el futuro, sino en ordenar el presente sin reproducir desigualdades ni parches estructurales. El riesgo, como siempre, es que la planificación quede atrapada en diagnósticos prolijos pero desconectados de la realidad cotidiana de los barrios y de las capacidades reales del Estado.
Sugerencia
Para que el nuevo CPU no se convierta en un documento ambicioso pero distante, sería clave que el proceso participativo tenga instancias barriales concretas, con devolución pública de cada etapa y compromisos verificables. Planificar a 30 o 50 años exige, antes que nada, credibilidad institucional hoy se necesita reglas claras, plazos cumplidos y una ciudadanía informada que no solo opine, sino que pueda seguir y evaluar el rumbo del proyecto.
