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En Tucumán, la libertad de expresión, ese cimiento esencial de toda democracia, vuelve a ser puesta en jaque por quienes deberían garantizarla. Lo que hoy ocurre no es un sobresalto aislado ni un malentendido jurídico: es la evidencia de un poder que se mira a sí mismo, teme el escrutinio y reacciona tratando de apagar voces antes que atender los reclamos que esas voces formulan. En una provincia donde la institucionalidad cruje, el fallo que intenta silenciar a periodistas del Grupo CCC, revela una pregunta tan urgente como incómoda ¿qué clase de justicia necesita amenazas penales para protegerse de la crítica?
Censura disfrazada de legalidad: el caso que expone el derrumbe democrático
En un comunicado el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dió a conocer que a partir de una denuncia del Ministro Fiscal Edmundo Jiménez, el juez Lucas Taboada dictó una resolución insólita e inaceptable, prohibió a periodistas, conductores y productores del Grupo CCC “criticar a fiscales, jueces o al sistema de justicia provincial en su conjunto”. El castigo por desobedecer no es una multa ni un apercibimiento institucional, es el riesgo de persecución penal.
La escena parece arrancada de tiempos que la Argentina juró no repetir. El Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de Tucumán recurren al derecho penal como herramienta de amedrentamiento, trazando un límite explícito a la libertad de expresión. Una democracia no se rompe de un día para otro: se deshilacha cuando quienes deben cuidar los derechos se vuelven administradores del miedo.
Un episodio más en una secuencia de atropellos
Este acontecimiento encaja con precisión en una trama más amplia de degradación institucional. Entre los hitos más graves:
La destitución del juez Enrique Pedicone, removido en 2021 luego de denunciar al vocal de la Corte Daniel Leiva. Presentó audios donde Leiva le pedía frenar una causa en nombre del entonces gobernador.
La criminalización de un abogado en 2024, detenido por desobedecer una medida de censura previa.
La violencia de las razzias policiales, los tristemente célebres “trencitos”, naturalizados como prácticas de persecución y humillación en barrios vulnerables.
Cada hecho, por separado, alarma. En conjunto, dibujan un sistema judicial que no corrige desviaciones: las multiplica.
Un fallo abiertamente inconstitucional
La resolución de Taboada contradice de manera directa el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben la censura previa desde tiempos en que América aprendía a respirar democracia.
Pero además, adopta sin reservas una denuncia del Ministerio Fiscal construida sobre una burda tergiversación del Código Penal. La acusación inventa nuevas figuras delictivas, estira de manera absurda otras y busca criminalizar opiniones, columnas televisivas y publicaciones en redes sociales —entre ellas, críticas a la inacción en un caso de violencia de género que terminó con la víctima quitándose la vida.
Los ejemplos son elocuentes:
El artículo 241 del Código Penal, pensado para sancionar disturbios en audiencias, es rebautizado como “entorpecimiento y ofensa al ejercicio de funciones públicas”.
El artículo 149 bis, que sanciona amenazas coactivas, aparece disfrazado como “coacción institucional”.
El artículo 212, que castiga la incitación a la violencia colectiva, se manipula para perseguir el “descrédito institucional”, concepto que no existe en ninguna ley.
El fallo, en lugar de frenar esta invención penal, la convalida: la Justicia tucumana acepta delitos que no existen para perseguir críticas que sí existen.
El silencio institucional: un ruido insoportable
Quizás el aspecto más inquietante no es solo la resolución judicial, sino el eco vacío que la rodea. Las asociaciones de magistrados, los colegios de abogados, las facultades de derecho y otros actores del sistema permanecen callados. Ese silencio, que pretende pasar por neutral, es el ruido más fuerte de la crisis.
No se trata de un miedo abstracto, es una advertencia concreta. En Tucumán, quien señale el mal funcionamiento de la Justicia puede terminar enfrentando una causa penal. Y cuando la crítica se vuelve delito, la democracia empieza a parecerse peligrosamente a su negación.
La historia nos ha dejado advertencias claras. En la versión tucumana del célebre texto atribuido a Bertolt Brecht, cuando se llevaron a un juez, nadie dijo nada. Cuando encarcelaron a un abogado, continuaron callando. Cuando las razzias policiales capturaron a jóvenes de barrios humildes, el silencio siguió intacto. Hoy, amenazan a periodistas. ¿Hasta cuándo durará la indiferencia? ¿Será necesario esperar a que el poder avance sobre quienes hoy callan?
La pregunta que Tucumán no puede postergar
Este caso no es solo una discusión técnica sobre derecho penal. Es un espejo que la provincia tiene frente a sí. Lo que devuelve ese reflejo es inquietante: una Justicia distante, hermética, reactiva, que se supone independiente pero actúa como un poder que no acepta límites ni críticas.
En tiempos donde la democracia se defiende cada día, la censura no puede naturalizarse como herramienta judicial. Tucumán debe preguntarse, y preguntarle a su propio sistema de justicia, qué autoridad moral tiene un poder que se siente amenazado por la palabra.
Cuando un pueblo deja de poder hablar, ya no se trata solo de censura, se trata del principio del fin.
Convocatoria
El INECIP, convoca a integrar un grupo de trabajo sobre el estado de derecho en Tucumán.
Quien quiera sumarse puede inscribirse en el enlace del formulario de la organización.
