revistamandato.com 
El Presidente de Chile Gabriel Boric anunció el envío al Congreso Nacional de una reforma constitucional destinada a redefinir el rol de Gendarmería de Chile. La iniciativa propone su traspaso al Ministerio de Seguridad Pública, delimitando con mayor claridad sus funciones vinculadas a la seguridad, mientras que las tareas de reinserción social serán reasignadas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la creación de una nueva institucionalidad específica para esa materia. El anuncio se inscribe en un contexto regional atravesado por el avance del crimen organizado y la necesidad de modernizar los dispositivos estatales encargados del control penitenciario.
Una reforma de diseño institucional
El núcleo de la propuesta presidencial radica en una separación funcional que, hasta ahora, convivía bajo una misma estructura. Con el cambio constitucional, Gendarmería pasará a ser formalmente una institución de seguridad pública, alineando su dependencia política, administrativa y operativa con el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Este movimiento busca reforzar su capacidad de acción frente a los desafíos actuales del sistema carcelario, especialmente aquellos vinculados al control interno, la prevención de delitos desde los recintos penitenciarios y la coordinación con otras agencias de seguridad del Estado.
Paralelamente, las labores de reinserción social, históricamente tensionadas por la superposición de objetivos, quedarán bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tendrá a su cargo una nueva institución especializada. El objetivo declarado es profesionalizar las políticas de reintegración, dotarlas de continuidad y evaluarlas con criterios propios, diferenciados de la lógica estrictamente securitaria.
El mensaje político: transversalidad y urgencia
En su intervención, el Presidente Boric subrayó la necesidad de un respaldo amplio en el Congreso, manifestando que “Espero que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el espectro político porque el combate al crimen organizado, al cual no le vamos a dar tregua, es un deber de Chile y en esto no tienen que haber diferencias políticas”. La frase no es menor, el Ejecutivo busca enmarcar la reforma como una política de Estado, más allá de coyunturas partidarias, apelando a una responsabilidad compartida frente a una amenaza que desborda fronteras ideológicas.
Una mirada desde la ciencia política
Desde una perspectiva institucional, la propuesta apunta a corregir una ambigüedad estructural que ha acompañado a Gendarmería durante décadas, la coexistencia de funciones de custodia, control y seguridad con objetivos de reinserción social, muchas veces sin recursos ni marcos normativos adecuados para ninguno de los dos fines. La separación no implica una renuncia a la reintegración, sino una apuesta por especialización estatal, un principio clave en sistemas democráticos complejos.
En términos políticos, el proyecto también revela un aprendizaje del Ejecutivo, en el que se remarca que la seguridad se ha convertido en un eje central de legitimidad gubernamental. Al elevar la reforma al rango constitucional, el gobierno busca blindar el cambio frente a vaivenes futuros y enviar una señal de decisión y seriedad, tanto a la ciudadanía como a los actores institucionales.
El desafío, sin embargo, no se agota en el rediseño formal. La efectividad de la reforma dependerá de su implementación, del presupuesto asignado y de la capacidad de coordinación entre ministerios. Si logra traducirse en una gestión más clara, profesional y evaluable, Chile podría dar un paso significativo hacia un sistema penitenciario más coherente con las exigencias actuales del Estado democrático. De lo contrario, el riesgo es que la reforma quede como un gesto político correcto, pero insuficiente frente a problemas estructurales de larga data.
