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Proyecto Dominga: la Diputada Nathalie Castillo encendió las alarmas por el presunto lobby judicial
El proyecto minero-portuario Dominga, impulsado por la empresa Andes Iron en la Región de Coquimbo, vuelve a ocupar el centro de la escena política, judicial y ambiental en Chile. Se trata de uno de los megaproyectos más extensos, controvertidos y judicializados del país, rechazado de forma sostenida por organizaciones ambientales, comunidades locales, pescadores artesanales, científicos y sectores académicos, debido a su impacto sobre el archipiélago de Humboldt, una de las zonas de mayor biodiversidad del Pacífico sur.
El centro de la polémica
En este contexto, la diputada Nathalie Castillo Rojas (PC – 5° Distrito, Región de Coquimbo), expresó a través de sus redes sociales, su preocupación por los recientes antecedentes revelados por la prensa de investigación independiente, que vuelven a poner en duda la transparencia de los procesos que han permitido el avance del proyecto.
La parlamentaria sostuvo que:
“Hoy el proyecto Dominga, una vez más vuelve al centro de la polémica. Y no solo por sus impactos ambientales, sino por graves cuestionamientos a la forma en que han intentado forzar su aprobación. En los últimos días hemos conocido antecedentes de prensa sobre pagos millonarios a estudios jurídicos y asesores que no figuraban como litigantes.”
Presunto lobby judicial
Las investigaciones periodísticas apuntan a transferencias económicas a estudios jurídicos y asesores externos, realizadas en momentos clave de definiciones judiciales, lo que abrió un debate público sobre posibles prácticas de lobby judicial o conflictos de interés. Si bien Andes Iron ha negado estas acusaciones, el caso vuelve a tensionar la relación entre intereses privados y decisiones institucionales.
Castillo Rojas continuó señalando:
“El momento, claves de las definiciones judiciales, a pesar de que Andes Iron niega estas acusaciones, creemos que, en un Estado de Derecho, la transparencia y la ética deben ser siempre el norte, especialmente cuando están en juego decisiones de alto impacto ambiental, social y económico.”
Debate sobre el rol de los actores judiciales y los privados
Dominga no solo ha sido cuestionado por sus impactos ecológicos, sino también por el entramado legal y administrativo que lo rodea. En ese sentido, la diputada remarcó el alcance institucional del conflicto:
“Este caso vuelve a poner en el debate el rol de los actores judiciales y los privados. Las decisiones que han permitido el avance de estos megaproyectos como Dominga, que ha sido uno de los procesos ambientales y legales más largos y controvertidos del país.”
Legitimidad del sistema
Desde una mirada democrática, la parlamentaria advirtió que las sospechas no resueltas erosionan la legitimidad del sistema:
“Cuando existan dudas razonables sobre posibles prácticas de lobby judiciales o conflictos de interés, lo que se pone en riesgo es la confianza de la ciudadanía en las instituciones.”
Reglas claras
Finalmente, Castillo Rojas cerró su declaración con una definición política clara sobre el modelo de desarrollo que se debate en Chile:
“Chile sin duda necesita desarrollo, pero con las reglas claras, con instituciones limpias y decisiones judiciales, principalmente de cara a la ciudadanía. Esperamos que este caso, desvelado por la prensa de investigación independiente, no quede en la impunidad.”
El caso Dominga vuelve así a interpelar no solo a la justicia ambiental, sino también a la ética pública, la transparencia institucional y el rol fundamental del periodismo independiente en la fiscalización del poder, ejes centrales para la democracia chilena contemporánea.
