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Por Revista Mandato
El operativo de desalojo iniciado el 12 de enero de 2026, en la megatoma consolidada en San Antonio, Valparaíso, desde hace casi seis años volvió a exponer una realidad incómoda en Chile, como lo es el derecho de propiedad, la función social del suelo y las garantías básicas de las personas en situación de vulnerabilidad que siguen chocando en escenarios donde el Estado aparece de manera intermitente y, muchas veces, tardía. Las jornadas extendidas de desalojo (que podrían durar semanas), estuvieron marcadas por barricadas, ataques incendiarios, disparos al aire y a carabineros, en un nivel de violencia que obligó incluso a los equipos de prensa a replegarse por razones de seguridad. Estos hechos no pueden relativizarse ni justificarse, pero tampoco pueden analizarse de forma aislada, como si se tratara de un evento espontáneo o meramente policial.
Años de ocupación: una irregularidad que se vuelve estructural
Desde el punto de vista jurídico, una ocupación que se extiende por años deja de ser una urgencia transitoria para transformarse en un conflicto estructural. El Código Civil, la normativa penal vigente y la reciente legislación sobre usurpaciones son claras respecto a la ilegalidad de la ocupación de bienes ajenos. Sin embargo, la experiencia demuestra que la falta de intervención oportuna genera una falsa percepción de tolerancia institucional.
Cuando el tiempo pasa sin fiscalización efectiva, y sin decisiones administrativas o judiciales tempranas, se consolidan hechos consumados que luego resultan extremadamente difíciles de revertir sin altos costos sociales.
El vacío institucional y sus efectos sociales
Diversos testimonios recogidos en el lugar coinciden en un punto central, el cual indica que durante años, las familias asentadas en la toma convivieron con precariedad, informalidad y ausencia de servicios básicos. Esa falta de presencia estatal no solo vulnera derechos sociales elementales, sino que también debilita la confianza en el sistema jurídico.
En ese contexto, emergen liderazgos informales, reglas paralelas y dinámicas internas que terminan desplazando al derecho formal. El conflicto deja entonces de ser entre propietarios y ocupantes, y pasa a involucrar a comunidades completas atrapadas entre la irregularidad y la incertidumbre.
Violencia y legalidad: una frontera que no puede cruzarse
Es indispensable señalarlo con claridad, porque el uso de la violencia, el levantamiento de barricadas, los ataques con bombas incendiarias y los disparos al aire constituyen delitos graves que ponen en riesgo la vida de funcionarios, vecinos y periodistas. Ninguna carencia social habilita la negación del orden jurídico ni la normalización de estas conductas.
Pero también es cierto que la respuesta exclusivamente reactiva, basada en el uso de la fuerza luego de años de inacción, profundiza el conflicto y erosiona la legitimidad del sistema.
El desafío jurídico siempre será actuar antes, no después
El marco legal chileno hoy permite actuar con mayor claridad frente a ocupaciones ilegítimas. El problema no es la ausencia de normas, sino su aplicación tardía. Desde una perspectiva jurídica responsable, la clave está en la intervención temprana, que evite la consolidación de asentamientos irregulares y reduzca el daño social posterior y esto exige:
. Identificación y registro oportuno de ocupaciones incipientes.
. Distinción clara entre situaciones de vulnerabilidad social y prácticas de aprovechamiento ilegal.
. Vías administrativas y judiciales expeditas, con acompañamiento social real para familias que cumplan criterios objetivos.
. Presencia institucional sostenida, no solo en el momento del desalojo.
Una salida con derecho y con humanidad
El desalojo, cuando es inevitable, debe ser la última etapa de un proceso jurídico transparente y socialmente acompañado, no el primer acto visible del Estado. De lo contrario, se transforma en una escena de confrontación donde todos pierden, las familias, la comunidad, las fuerzas de orden y el propio sistema de justicia.
Chile necesita abordar las tomas no como episodios aislados de conflicto, sino como síntomas de una falla prolongada en la gestión del suelo, la vivienda y la aplicación temprana del derecho.
El Derecho no puede seguir llegando tarde
Cuando el Estado posterga decisiones, el conflicto madura. Y cuando madura, ya no hay soluciones simples. El desafío es jurídico, sí, pero también profundamente social. Hay que hacer que la ley sea previsible, oportuna y humana, antes de que la violencia se convierta en el lenguaje dominante.
Porque cuando el derecho llega tarde, deja de ordenar y empieza solo a contener el daño.
