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La crisis por el aumento de los combustibles en Chile continúa generando efectos en cadena sobre distintos sectores, y el transporte escolar no es la excepción. En los últimos días, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la incorporación de este servicio a las medidas de apoyo que se tramitan en el Congreso, en un intento por contener el impacto económico que ya afecta a transportistas, familias y estudiantes.
El anuncio y su alcance
La decisión se enmarca en el debate legislativo que se desarrolla en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde parlamentarios impulsaron la necesidad de extender los beneficios, originalmente pensados para taxis y colectivos, al transporte escolar.
Para ello, el Ministerio de Hacienda utilizará la información disponible en el registro oficial de transporte escolar, con el objetivo de focalizar la ayuda. La medida busca amortiguar el incremento en los costos operativos derivados del alza del combustible, evitando que estos se trasladen directamente a las tarifas que pagan las familias.
Un sector clave bajo presión
El transporte escolar cumple un rol silencioso pero esencial en la estructura educativa chilena. No solo garantiza la llegada de estudiantes a los establecimientos, especialmente en zonas periféricas o rurales, sino que también sostiene la organización diaria de miles de hogares.
Sin embargo, el aumento sostenido de los combustibles expone la fragilidad del sistema. Los prestadores operan con márgenes ajustados y enfrentan una tensión constante, como subir tarifas y perder usuarios, o absorber los costos y comprometer su continuidad. En ese equilibrio inestable, la intervención estatal aparece como necesaria, aunque tardía.
Respuestas reactivas y falta de visión de largo plazo
La inclusión del transporte escolar en el esquema de subsidios evidencia, una vez más, una política pública que reacciona ante la urgencia en lugar de anticiparse a los problemas. El alza del combustible no es un fenómeno excepcional, sino recurrente, y sus efectos sobre el transporte son previsibles.
El problema de fondo radica en la ausencia de un modelo integral que contemple al transporte escolar como parte de una política estratégica. La dependencia de subsidios ocasionales, la falta de planificación energética y la escasa diversificación tecnológica dejan al sector expuesto a cada nueva crisis.
Además, estas medidas suelen enfrentar dificultades en su implementación con demoras, burocracia y posibles exclusiones que afectan principalmente a los prestadores más pequeños o informales.
De la urgencia a la transformación
La coyuntura actual en Chile ofrece una oportunidad para ir más allá del alivio inmediato. Si el objetivo es proteger el acceso a la educación, es necesario avanzar hacia soluciones estructurales:
- Establecer mecanismos automáticos de compensación ante variaciones del precio del combustible.
- Incentivar la transición hacia flotas más eficientes o energías limpias.
- Formalizar y fortalecer el registro del transporte escolar para garantizar una cobertura equitativa.
- Integrar este servicio dentro de una política nacional de movilidad educativa.
El desafío no es solo económico, sino también político porque hay que transformar una respuesta de emergencia en una estrategia sostenible. Porque cuando el transporte escolar se vuelve inaccesible, no solo se encarece un servicio, se pone en riesgo un derecho básico
Liliana Romano para Revista Mandato
