revistamandato.com 
La escena es tan brutal como reveladora, el 27 de marzo de 2026, un estudiante de 18 años ingresa a su colegio en Calama, Chile, con un arma blanca y desata una tragedia. Una inspectora de 59 años muere tras ser atacada en el cuello; otros funcionarios y estudiantes resultan heridos. La institución, consternada, evacúa y suspende actividades. El Estado promete medidas. La sociedad, una vez más, se pregunta cómo pudo ocurrir.
Pero la pregunta más incómoda, y más urgente, es otra, ¿quién falló antes de que ese joven cruzara la puerta del colegio con un cuchillo?
La violencia en las escuelas ya no puede ser leída como una sucesión de hechos aislados. Es un síntoma. Un emergente social que desnuda la erosión de los vínculos, la fragilidad de los límites y la progresiva retirada de los adultos de su rol formador. En Chile, una encuesta reciente indica que el 76% de la población percibe un aumento de la violencia escolar, mientras que apenas un 36,6% considera a las escuelas como espacios seguros. Más aún, dos tercios de los encuestados señalan a los apoderados (padres, tutores), como principales responsables de prevenirla. No es un dato menor. Es una advertencia.
La tragedia que ya no sorprende
Lo ocurrido en Calama encuentra un eco doloroso en Argentina. En la provincia de Santa Fe, un alumno asesinó a otro en un episodio que sacudió a toda la comunidad educativa. Dos países, dos hechos, una misma constante, jóvenes que transforman el ámbito escolar, históricamente concebido como espacio de aprendizaje y contención, en escenario de violencia extrema.
Cuando estos hechos dejan de ser excepcionales y comienzan a repetirse, el problema ya no es individual. Es estructural.
Durante años, el debate público ha girado en torno a medidas reactivas, detectores de metales, mayor presencia policial, protocolos de emergencia. Todas herramientas necesarias, sin duda. Pero insuficientes si no se aborda el núcleo del problema, como lo es la construcción subjetiva de esos jóvenes antes de llegar al aula.
Padres o apoderados ausentes, autoridad diluida
Resulta políticamente incorrecto decirlo, pero es imprescindible, la responsabilidad primaria no está en el Estado ni en la escuela. Está en el hogar.
Padres, tutores y apoderados no pueden delegar completamente la formación emocional, ética y conductual de sus hijos en las instituciones educativas. La escuela enseña contenidos; la familia forma personas. Cuando ese pacto implícito se rompe, las consecuencias no tardan en aparecer.
El corrimiento de la autoridad adulta, la incapacidad de establecer límites claros, la sobreexposición a entornos violentos, ya sea en la realidad o en el mundo digital, y la falta de acompañamiento afectivo configuran un caldo de cultivo peligroso. No se trata de criminalizar a las familias, sino de preguntarse qué sucede con la crianza de los hijos.
Porque que un joven llegue a matar o atacar dentro de una escuela no se construyó en un día. Es el resultado de múltiples omisiones.
El Estado llega tarde
El Estado, por su parte, suele intervenir cuando el daño ya está hecho. Promueve leyes, refuerza controles, anuncia reformas. En Chile, tras el ataque, se impulsa la instalación de detectores de metales en los colegios. La medida puede aportar prevención, pero no reemplaza lo esencial, la detección temprana de conductas de riesgo, la asistencia en salud mental y la articulación real entre familia y escuela.
La seguridad no puede reducirse a dispositivos. Debe pensarse como un entramado de vínculos, presencia y responsabilidad compartida.
Recuperar el sentido de la escuela
Una escuela no es, o no debería ser, un espacio de miedo. Es, o debería ser, un ámbito de construcción, de socialización, de futuro. Cuando ese espacio se quiebra, lo que se pone en juego no es solo la integridad física de quienes lo habitan, sino el contrato social en su conjunto.
La violencia escolar no es un problema educativo. Es un problema cultural.
Y como tal, exige respuestas profundas. Para combatir la violencia se debe bregar por la reconstrucción de la autoridad adulta, por la revalorización del rol de la familia, el fortalecimiento de la salud mental comunitaria y trabajar a diario para que se devuelva a la escuela su sentido original.
Porque cuando un alumno empuña un arma dentro de un aula, lo que está en crisis no es solo una institución. Es la sociedad que lo formó o que dejó de hacerlo.
Liliana Romano para Revista Mandato
