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Con la presencia del presidente José Antonio Kast, el Gobierno presentó dos proyectos de ley orientados a reforzar la seguridad dentro de los establecimientos educativos, combinando medidas preventivas con un endurecimiento del marco penal.
Durante la jornada, el mandatario estuvo acompañado por la ministra de Educación, María Paz Arzola; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. En conjunto, subrayaron que las iniciativas buscan fortalecer las capacidades preventivas del sistema educativo y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.
Endurecimiento penal en entornos educativos
Uno de los proyectos propone modificar el Código Penal para incorporar nuevas circunstancias agravantes en delitos cometidos dentro de recintos educacionales o en actividades vinculadas a ellos.
La iniciativa contempla sanciones más severas cuando los hechos afecten a estudiantes, docentes o asistentes de la educación, tanto dentro de las instituciones como en instancias extracurriculares. También incluye delitos contra la propiedad en dependencias escolares, ampliando así la protección jurídica de la comunidad educativa.
“Escuelas Protegidas”: prevención y orden institucional
El segundo proyecto, denominado “Escuelas Protegidas”, introduce un conjunto de medidas orientadas a la prevención y al fortalecimiento de la convivencia escolar, incorporando herramientas concretas en el marco de la Ley General de Educación.
Control de pertenencias
Se habilita a los establecimientos a implementar la revisión de mochilas, bolsos u objetos personales, con el objetivo de evitar el ingreso de elementos peligrosos o potencialmente dañinos. Esta medida deberá estar prevista en los reglamentos internos de cada institución.
Autoridad docente reforzada
El proyecto otorga a los docentes mayores facultades para aplicar medidas pedagógicas, preventivas y disciplinarias de carácter inmediato. El objetivo es resguardar el orden en el aula y promover conductas acordes a la vida escolar, reforzando el rol de la autoridad educativa.
Penalización de interrupciones
Se considerarán faltas graves aquellas acciones que interrumpan total o parcialmente el desarrollo de clases o alteren de manera sustancial la jornada escolar, afectando la continuidad del servicio educativo.
Restricciones para acceder a la gratuidad
Se incorpora como requisito para acceder a la gratuidad en la educación superior no haber sido condenado por delitos graves contra la vida, la integridad física o psíquica, ni contra la propiedad o infraestructura pública.
Identificación obligatoria
Los reglamentos escolares deberán prohibir el uso de prendas o accesorios que impidan la identificación facial, como capuchas o pasamontañas, salvo en casos justificados. Asimismo, se restringirá el uso de elementos que promuevan la violencia, el consumo de drogas o conductas contrarias a la ley.
Entre la seguridad y el debate sobre derechos
La agenda presentada por el Ejecutivo chileno instala un enfoque dual; por un lado, el refuerzo del sistema penal como herramienta disuasiva; por otro, la incorporación de mecanismos preventivos dentro de las escuelas.
Sin embargo, las medidas abren interrogantes sobre su implementación práctica y su impacto en derechos individuales, especialmente en aspectos como la revisión de pertenencias o la ampliación de facultades disciplinarias. El desafío estará en equilibrar la necesidad de implementar medidas de protección con el resguardo de garantías fundamentales, en un contexto donde la convivencia escolar se ha vuelto un eje central del debate público.
Liliana Romano para Revista Mandato
