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En un contexto marcado por crecientes episodios de conflictividad en entornos educativos, la provincia avanza con la decisión política de reforzar el control, establecer sanciones concretas y delimitar responsabilidades para resguardar el normal desarrollo del ciclo lectivo.
El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el Decreto N.º 772/7 M.S., mediante el cual se consolidan y profundizan acciones preventivas frente a situaciones de violencia, amenazas y alteraciones del orden público en instituciones educativas.
Seguridad y prevención: un mandato explícito
La normativa ratifica las directivas impartidas al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán, con el objetivo de intervenir de manera inmediata ante situaciones de riesgo. El foco está puesto en anticipar conflictos y garantizar condiciones seguras tanto dentro como en los alrededores de los establecimientos.
Responsabilidades institucionales bajo la lupa
El decreto establece con claridad que las autoridades y equipos directivos, tanto del ámbito público como privado, son responsables directos del cuidado y resguardo de los alumnos. El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en la pérdida de subsidios o aportes estatales, un punto que introduce presión concreta sobre la gestión institucional.
Sanciones disciplinarias hasta la expulsión
En paralelo, el Ministerio de Educación queda facultado para aplicar medidas correctivas estrictas. Entre ellas, la posibilidad de expulsar del sistema educativo provincial, durante el ciclo lectivo en curso, a estudiantes que incurran en conductas que alteren gravemente la convivencia escolar.
Padres y tutores: responsabilidad compartida
Otro eje central del decreto apunta a los adultos responsables. Padres, tutores o encargados legales deberán responder en sede administrativa y/o judicial por las acciones de los menores, incluyendo la responsabilidad solidaria por daños ocasionados. La medida busca extender el compromiso más allá del ámbito escolar.
Intervención judicial y casos de gravedad
Para situaciones de mayor complejidad, la normativa prevé la intervención del Poder Judicial y la eventual derivación de menores al Instituto Brochero de Benjamín Paz, marcando un endurecimiento en la respuesta estatal ante hechos graves.
El decreto, ya en vigencia, será refrendado por el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa.
Una señal política en clave de orden
La decisión del Ejecutivo provincial no solo busca contener episodios puntuales, sino también enviar un mensaje más amplio porque la violencia en las aulas deja de ser un problema difuso para convertirse en un eje de gestión. La eficacia de estas medidas, sin embargo, dependerá de su implementación real y del equilibrio entre disciplina, inclusión y acompañamiento educativo.
