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Representantes del gremio camionero de la Región de Tarapacá anunciaron que realizarán una movilización en rechazo al alza de los precios de los combustibles. Según los dirigentes, el objetivo central es que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast atienda las demandas planteadas por los transportistas del norte del país.
Llamado a coordinación nacional de pequeños transportistas
Julio Zamorano, dirigente de la Asociación de Transportistas de Alto Hospicio, explicó en declaraciones a Radio Bío Bío que la decisión fue adoptada por mayoría y que la protesta aún no tiene fecha definida, aunque buscan ejecutarla “lo más pronto posible”.
Zamorano hizo además un llamado a extender la convocatoria a otras regiones, señalando que “Hemos resuelto, por mayoría, hacer una movilización con fecha a definir, pero lo más pronto posible. Hacemos un llamado a nuestros compañeros de las distintas partes del país para que apoyen esta movilización que comenzamos nosotros, los pequeños transportistas de la región. Invitamos a los de Arica, Antofagasta, Calama, Coquimbo y a todo el sur; con los de Valparaíso y San Antonio ya tenemos algo avanzado”.
El dirigente cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente al impacto económico del combustible, al manifestar que “Este llamado a movilización es para que el Gobierno entienda y se sensibilice de que no están administrando la empresa de ellos, donde pueden decir ‘no hay plata’. Acá necesitamos una señal para que haya un colchón, porque no podemos mantener las alzas todas las semanas o, cada diez días, ir a golpear la puerta al mandante que nos suba las tarifas”.
Zamorano advirtió que la situación ya es insostenible para el sector, indicando que “Esto se transformó insostenible, no podemos seguir en esta situación, por lo tanto se resolvió ir a movilización. Esto tiene un comienzo, no sabemos cuándo va a terminar, pero esperamos que el Gobierno vea. Acá le hago un llamado a la delegada de la Región de Tarapacá para que se siente lo antes posible a conversar con nosotros y pueda escuchar nuestras inquietudes”.
Advertencia de adhesión y definición de estrategia regional
Por su parte, Rafael Miranda, presidente de la Asociación Comando Defensa Puerto Iquique Unión de Caballero, indicó que la fecha de la movilización aún está en definición, ya que continúan articulando acuerdos con otras organizaciones del rubro.
“La fecha nosotros la tenemos por definir. Todavía estamos alineando a un par de asociaciones y confederaciones con las que tenemos que conversar para poder seguir avanzando con esto, pero la movilización se viene sí o sí, porque el Gobierno se vio muy cerrado en el petitorio que se les hizo que fue, por parte baja, congelar los valores de los combustibles por mínimo seis meses para nosotros poder negociar y llegar a un buen valor con nuestros generadores de cargas”.
Miranda también se refirió a la forma en que se proyectan las acciones del sector, remarcando que “El modus operandi que nosotros siempre vemos o realizamos en las movilizaciones es causar el menor impacto posible a la ciudadanía. Todavía estamos viendo cómo nos vamos a organizar, porque no queremos causar tanto problema, pero sí queremos que se sienta el malestar de lo que vive hoy el transporte de carga a nivel regional y nacional”, informó el Portal Portuario.
Fragilidad estructural del costo del transporte
El anuncio de una posible movilización de camioneros en Tarapacá vuelve a poner en evidencia la fragilidad estructural del sistema de costos del transporte en Chile, particularmente en escenarios de alta volatilidad del precio de los combustibles. El reclamo no se limita a una coyuntura puntual, sino que refleja una tensión acumulada entre el sector y el Estado respecto de la capacidad de respuesta ante incrementos sostenidos en los insumos básicos de operación.
El pedido de congelamiento temporal del combustible expone una demanda de carácter extraordinario, que busca otorgar un margen de negociación frente a un mercado que los transportistas perciben como adverso. Sin embargo, este tipo de medidas también abre un debate más amplio sobre el alcance de las políticas públicas de estabilización y sus efectos fiscales.
La advertencia de movilización, aunque planteada con la intención de minimizar el impacto ciudadano, introduce un factor de presión relevante en la cadena logística nacional, especialmente en zonas estratégicas del norte del país. En este contexto, el desafío para las autoridades radica en equilibrar la respuesta social con la sostenibilidad económica del sistema de transporte de carga, evitando que el conflicto derive en interrupciones prolongadas de la actividad productiva.
Liliana Romano para Revista Mandato
