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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, reclamó públicamente a la Justicia y a las instituciones educativas que actúen con mayor firmeza frente a hechos de violencia escolar, en particular amenazas de tiroteos, pintadas intimidatorias y la portación de armas blancas o de fuego por parte de estudiantes.
“No hay margen de ser flexibles o mirar para otro lado”, afirmó el mandatario, al exigir que los alumnos involucrados en estos hechos sean detenidos y expulsados de manera inmediata. Además, pidió que los padres sean considerados responsables tanto penal como civilmente por las conductas de sus hijos.
“Hay que ir a fondo con las medidas. Estos chicos que cometen delitos pintando paredes o llevando armas tienen que ser detenidos. Y sus padres deben responder de forma inmediata. No esperemos a discutir estas medidas sobre un féretro”, declaró en una entrevista con el diario local La Gaceta.
Malestar oficial por la falta de consecuencias
Las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo evidencian un fuerte malestar dentro de la Casa de Gobierno ante lo que consideran una respuesta insuficiente frente a situaciones que generan alarma en el ámbito educativo.
“El que comete un delito o un intento de delito tiene que quedar detenido y ser expulsado de la institución. Esto hay que cortarlo de raíz, no da para más. No esperemos que ocurra un hecho lamentable. No hay margen para ser benévolos, flexibles o mirar para otro lado”, insistió Jaldo, advirtiendo además sobre la responsabilidad política de las autoridades si los hechos escalan.
Un contexto de creciente preocupación
El posicionamiento del gobernador se da luego de que trascendiera que en Tucumán se registraron cerca de 90 denuncias por amenazas de tiroteo en los últimos días. En algunos casos, incluso, estudiantes habrían reconocido su participación en pintadas vinculadas a estos episodios.
A esto se suman hechos recientes que reforzaron la preocupación pública, un alumno llevó una navaja a la Escuela de Comercio N°1 (aunque luego argumentó que se trató de un error), y una jueza revocó la prisión preventiva de un adolescente de 17 años que había concurrido a clases con un revólver calibre 38, sin que se registraran incidentes.
Seguridad, Justicia y medidas en tensión
“El accionar de la Policía está a pleno. La Justicia tiene que endurecer las medidas”, sostuvo el gobernador, quien propuso que los menores que cometan estos hechos sean trasladados al instituto Padre Brochero, ubicado en Benjamín Paz, donde, según señaló, deberían recibir acompañamiento, pero sin poner en riesgo a la comunidad educativa.
En esa línea, recordó que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 772/7 tras las primeras amenazas, con el objetivo de intensificar acciones preventivas y disuasivas. La normativa habilita la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados en hechos de inconducta, así como su derivación al instituto mencionado.
El decreto también establece la responsabilidad de padres y tutores por las acciones de los menores, y advierte que los establecimientos educativos podrían perder subsidios estatales si no garantizan el cuidado de los estudiantes.
“El PE ha redactado un decreto para profundizar todas las medidas. Ya tenemos casos de alumnos que llevaron armas y fueron enviados a sus casas como si nada pasara. Eso no puede seguir ocurriendo. Si un estudiante lleva un revólver o una cortapluma, representa un riesgo cierto. Hay que actuar con decisión”, concluyó Jaldo.
Entre la urgencia y los límites del enfoque punitivo
El endurecimiento del discurso oficial frente a la violencia escolar refleja una preocupación legítima, como lo es la proliferación de amenazas y la presencia de armas en instituciones educativas constituyen un riesgo real que exige respuestas rápidas. Sin embargo, la propuesta de detención y expulsión automática abre interrogantes sobre su eficacia y sus implicancias legales y sociales.
Por un lado, especialistas en derecho y educación suelen advertir que las medidas exclusivamente punitivas, especialmente cuando involucran a menores de edad, pueden resultar contraproducentes si no se acompañan de estrategias integrales de prevención, contención psicológica y abordaje comunitario. La expulsión, por ejemplo, puede desplazar el problema sin resolverlo.
Por otro lado, la intención de responsabilizar penal y civilmente a los padres plantea un debate jurídico complejo, en particular respecto de los alcances reales de esa responsabilidad y su aplicación en contextos de vulnerabilidad social.
Finalmente, la tensión entre el accionar policial, las decisiones judiciales y las políticas del Ejecutivo expone un problema estructural: la falta de coordinación y criterios unificados ante situaciones críticas. Mientras el Gobierno exige mayor dureza, algunos fallos judiciales parecen priorizar garantías procesales y enfoques más moderados.
El desafío, entonces, radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de prevenir hechos graves y el respeto por los marcos legales y pedagógicos que rigen el tratamiento de menores, evitando respuestas simplistas ante un fenómeno complejo.
Liliana Romano para Revista Mandato
