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Cada 27 de abril, Chile conmemora un nuevo aniversario de Carabineros de Chile. En 2026, a las puertas de su centenario, la fecha deja de ser solo un rito institucional y se transforma en una instancia que obliga a mirar una realidad más incómoda.
Porque detrás de la ceremonia, del uniforme impecable y del protocolo, hay una dimensión que pesa cada vez más, el costo humano de la seguridad.
La historia institucional registra miles de funcionarios fallecidos en actos de servicio, considerados mártires. Sin embargo, esas cifras adquieren un sentido distinto cuando se observa la evolución reciente, en los últimos años han aumentado los asesinatos de carabineros en funciones.
No se trata de estadísticas abstractas, sino de episodios atravesados por una violencia creciente con emboscadas, disparos a quemarropa, atropellos deliberados y ejecuciones en procedimientos rutinarios. Este escenario marca un punto de inflexión en la exposición al riesgo.
La pregunta, entonces, ya no es solo cuántos han muerto, sino en qué condiciones. Y esa diferencia no es menor, revela un cambio en el tipo de violencia que enfrenta la institución, que hoy es más directa, más organizada y más agresiva.
En paralelo, persisten problemas estructurales como déficit de personal, dificultades para el reclutamiento y un sistema de remuneraciones que muchos consideran insuficiente frente al nivel de riesgo. Sin embargo, estos debates tienden a quedar relegados cuando la muerte deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en una amenaza concreta.
Conmemorar el Día del Carabinero sin incorporar esta dimensión resulta incompleto. La discusión sobre seguridad no puede limitarse a estadísticas delictuales o reformas administrativas, debe incluir también la vida de quienes intervienen en la primera línea.
A las puertas de su centenario, el desafío no es solo modernizar la institución. Es reconstruir su vínculo con la sociedad sin ignorar que ese vínculo también se sostiene, literalmente, sobre el riesgo que enfrentan sus propios funcionarios.
El uniforme en la línea de fuego
Cada carabinero asesinado no es solo una pérdida institucional, es también una señal social.
Cuando un funcionario es ejecutado en un procedimiento, lo que se erosiona no es únicamente la capacidad operativa de la policía. Se debilita la idea misma de autoridad legítima. Se instala la percepción de que el Estado puede ser desafiado, e incluso vencido, en su expresión más visible.
Ahora bien, sería un error convertir esta realidad en un argumento simplista de “mano dura”. El problema no se resuelve únicamente con mayor poder coercitivo. Requiere mejores condiciones laborales, salarios acordes al riesgo, apoyo psicológico, formación adecuada y, sobre todo, claridad política respecto al rol de la institución.
También exige algo que suele evitarse, una reflexión social más honesta. Porque el respeto no se decreta, pero tampoco puede sostenerse en un contexto donde la violencia hacia quienes hacen cumplir la ley se vuelve habitual.
La paradoja es evidente. Se demanda más seguridad, pero se deterioran las condiciones de quienes deben garantizarla.
En este nuevo aniversario de Carabineros de Chile, el debate no puede agotarse en homenajes. Debe incorporar a los muertos, y las circunstancias en que murieron, como parte central de la discusión pública.
Porque ignorarlos no solo sería injusto.
Sería, además, irresponsable.
Por Liliana Romano para Revista Mandato
