La Comisión de Agricultura del Senado de Chile, revisó el funcionamiento de la empresa estatal COTRISA y su impacto en la regulación de precios de cereales. En paralelo, productores alertaron sobre el fuerte encarecimiento de insumos clave y sus consecuencias para la producción.
Alza de fertilizantes
En un escenario marcado por tensiones en los mercados agroalimentarios, la Comisión de Agricultura puso el foco en el rol público de la Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA). La instancia no solo analizó su incidencia en la estabilización de precios, sino que también abordó la crítica situación que enfrentan los agricultores ante el alza sostenida de los fertilizantes, especialmente la urea.
Revisión al rol de COTRISA
Los integrantes de la Comisión examinaron el funcionamiento de COTRISA, una empresa estatal poco conocida cuya función central es intervenir en el mercado de granos para evitar distorsiones de precios. En la sesión de análisis asistieron su gerente general, Gonzalo Becerra, y el presidente de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos de Chile, Camilo Guzmán, quienes respondieron a consultas de la presidenta de la instancia, Alejandra Sepúlveda, junto a la senadora Loreto Carvajal y el senador Ignacio Urrutia.
Becerra explicó que la entidad fue creada en los años 80 con el objetivo de participar en el mercado del trigo mediante la compra directa a productores, contribuyendo así a la estabilidad de precios. En la actualidad, su operación abarca la compra, venta, almacenamiento, transporte y distribución de cereales como trigo, maíz, avena y arroz.
Según detalló, la empresa actúa aplicando la política del Ministerio de Agricultura, con el fin de corregir fallas estructurales en mercados donde existe una alta concentración de compradores. “La parte que compra suele ser dominante en las negociaciones, y el objetivo es evitar abusos”, indicó.
También señaló que COTRISA cuenta con dos plantas de almacenamiento, ubicadas en Parral y Los Ángeles, que, cuando no son utilizadas en programas estatales, se arriendan a privados. En ese sentido, planteó la necesidad de revisar el objeto social de la empresa e incorporar nuevos productos.
Interrogantes sobre gestión y alcance
Durante la sesión, la senadora Sepúlveda planteó dudas sobre la sostenibilidad financiera y el alcance del rol social de la empresa, destacando que el 97% de su propiedad es estatal. Consultó, entre otros puntos, sobre la intervención en el mercado del maíz en 2023, los mecanismos de monitoreo de precios y el funcionamiento del negocio de arriendos.
Por su parte, el senador Urrutia expuso la falta de claridad respecto a la naturaleza pública de COTRISA, señalando que incluso desde el propio ministerio se la ha catalogado erróneamente como privada. Además, advirtió sobre problemas concretos en el mercado del arroz: caída de precios internacionales, dificultades para comercializar la producción y alta concentración de compradores.
En la misma línea, la senadora Carvajal subrayó la necesidad de fortalecer la competencia en la comercialización del trigo y evaluar si la intervención de COTRISA debería extenderse a otros rubros. Propuso solicitar mayores antecedentes al Ministerio de Agricultura y a CORFO, iniciativa que fue respaldada por la Comisión.
Crisis de fertilizantes y alerta productiva
Otro eje central del debate fue la compleja situación de los fertilizantes, expuesta por la Asociación Gremial de Agricultores Unidos. Según indicaron, Chile enfrenta una crisis derivada de la interrupción de suministros globales por conflictos en Medio Oriente, lo que ha elevado el precio de la urea en más de un 70%.
Dado que el 85% de los fertilizantes utilizados en el país son importados, este incremento impacta directamente en los costos de producción, compromete la siembra y anticipa un alza en los precios de los alimentos. Actualmente, Chile no produce urea y depende completamente de su importación, con una demanda anual cercana a las 900 mil toneladas, de las cuales aproximadamente la mitad corresponde a este insumo.
Camilo Guzmán explicó que las alternativas de abastecimiento en países como Bolivia o Argelia no resultan viables por limitaciones de oferta. Frente a este escenario, señaló que el sector ha debido articular redes de contacto para buscar soluciones.
Por esta coyuntura se solicitó a la Comisión impulsar medidas estructurales, entre ellas el reconocimiento formal de una crisis alimentaria, la promoción de una ley del grano con mecanismos de transferencia de precios, la creación de reservas estratégicas de cereales y el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica.
Derivaciones y próximos pasos
Tras el análisis, la Comisión acordó remitir los antecedentes recabados a los ministerios del Interior y de Agricultura, con el objetivo de avanzar en medidas que aborden tanto el rol de COTRISA como la creciente presión sobre el sector agrícola.
Garantizar la previsibilidad productiva
Para Revista Mandato el debate expuso una doble tensión, por un lado, la necesidad de fortalecer herramientas públicas como COTRISA para equilibrar mercados concentrados; por otro, la vulnerabilidad estructural del agro frente a factores externos, como la dependencia de insumos importados. En ese cruce, la discusión abre interrogantes sobre el alcance real de la intervención estatal y la urgencia de políticas que garanticen previsibilidad productiva en un contexto global cada vez más inestable. La previsibilidad no es fijar precios de manera permanente, sino reducir la incertidumbre, reglas conocidas, mercados más competitivos, herramientas de cobertura y un Estado que interviene con criterios claros cuando hay fallas o shocks. Si esas piezas funcionan juntas, el productor puede planificar siembra, inversión y financiamiento con menor riesgo.
Liliana Romano para Revista Mandato