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La política argentina parece escrita por un guionista cínico que insiste en reciclar siempre el mismo argumento, discursos inflamados sobre esfuerzo individual, superación y “meritocracia”, seguidos, sin sonrojo, por decisiones que desnudan exactamente lo contrario.
El reciente nombramiento de Daniel Alfaro, de 24 años, al frente de una unidad de gestión de PAMI en Tucumán, no es un hecho aislado. Es, más bien, una pieza más en un engranaje aceitado donde los apellidos pesan más que los antecedentes, donde la cercanía al poder vale más que cualquier concurso, y donde el Estado sigue funcionando como una extensión patrimonial de la política.
Porque conviene decirlo sin rodeos, no estamos ante una historia de mérito, sino ante un caso clásico de reproducción del poder. Daniel Alfaro no llega solo. Llega como hijo de Beatriz Ávila (senadora) y de Germán Alfaro (ex intendente de San Miguel de Tucumán), dos figuras centrales del entramado político tucumano. Llega, además, en un contexto donde las lealtades pesan, donde los alineamientos con el gobernador Osvaldo Jaldo y los vínculos con figuras nacionales como Patricia Bullrich (senadora de La Libertad Avanza), terminan de cerrar el círculo.
La resolución administrativa de PAMI, pulcra, formal y prolija, habla de requisitos, evaluaciones psicotécnicas y presentación de antecedentes. Una liturgia burocrática que intenta revestir de legalidad lo que, en términos políticos y éticos, es profundamente cuestionable. Porque cumplir requisitos mínimos no convierte un nombramiento en legítimo; apenas lo vuelve administrativamente viable. Aquí el problema no es la edad. El problema es el mecanismo.
En una provincia donde miles de jóvenes altamente capacitados sobreviven entre la precariedad laboral y la frustración, el mensaje es contundente, es claro, no alcanza con estudiar, no alcanza con esforzarse, no alcanza con ser capaz. Existe un filtro invisible, pero perfectamente identificable, que define quién accede y quién queda afuera. Ese filtro tiene nombre: poder.
Y es en este escenario donde la retórica meritocrática se desploma como un decorado mal sostenido. Los mismos espacios políticos que predican eficiencia, modernización y el fin de los privilegios reproducen, en los hechos, las prácticas más antiguas de la política criolla, como el acomodo, la herencia y la cooptación del Estado.
“Terminar con la casta”
La consigna puede repetirse en discursos y campañas, pero la práctica cotidiana la contradice con facilidad. No se trata de una discusión ideológica menor, sino de credibilidad institucional. Cuando el discurso y la práctica se separan de forma tan evidente, lo que se erosiona no es solo la confianza en un gobierno o en un dirigente, sino en el sistema político en su conjunto.
La trama se vuelve aún más elocuente cuando se observa el mapa de relaciones con alianzas provinciales, negociaciones con la Casa Rosada y vínculos personales que atraviesan partidos y espacios. El poder ya no se disfraza de meritocracia; la utiliza como coartada.
En este escenario, el silencio también habla. Habla de una normalización progresiva de prácticas que naturalizan que los cargos públicos se asignen por cercanía y no por capacidad. Habla, en definitiva, de una democracia que tolera mecanismos que la deterioran desde adentro.
La pregunta, entonces, no es si Daniel Alfaro cumple o no con los requisitos formales. La pregunta es otra, mucho más incómoda, ¿cuántos jóvenes sin apellido político, tradicional o empresarial podrían haber llegado a ese lugar?
La respuesta, aunque no siempre se diga en voz alta, es evidente.
En Tucumán, como en buena parte del país, la meritocracia no opera como principio organizador del Estado, sino como relato de consumo público. Sirve para los discursos, para las campañas y para las entrevistas televisivas. Pero se desvanece cuando se observa el modo real en que se distribuyen los cargos, las oportunidades y el acceso al poder.
El caso de Daniel Alfaro no es una excepción, es un síntoma. Y los síntomas, cuando se repiten con frecuencia, dejan de ser anomalías para convertirse en estructura.
Tal vez la pregunta más honesta ya no sea si la meritocracia existe para la actual gestión, sino por qué seguimos invocándola en un sistema que, en los hechos, la desmiente todos los días, reproduciendo con precisión quirúrgica las mismas desigualdades que, con distintos colores políticos, se han consolidado a lo largo del tiempo en el país.
Por Liliana Romano para Revista Mandato
