Plan Escudo Fronterizo: la distancia entre la narrativa y los resultados reales

Escudo Fronterizo: zanjas, propaganda y una promesa que empieza a desmoronarse
Por años, la crisis migratoria fue utilizada en Chile como combustible político. Promesas de expulsiones masivas, fronteras blindadas y “recuperación del control” dominaron campañas electorales, debates televisivos y discursos encendidos. Hoy, ya en el poder, el gobierno de José Antonio Kast empieza a enfrentarse con una realidad mucho más compleja que los slogans de campaña.
La reciente sesión de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado dejó una imagen incómoda para La Moneda por la ausencia de autoridades clave, parlamentarios oficialistas cuestionando cifras y un Ejecutivo incapaz de explicar con claridad cómo piensa resolver el principal problema de su política migratoria. Porque detrás de las zanjas, los drones y las fotografías en la frontera, sigue existiendo una pregunta elemental, ¿qué ocurre después?
El llamado “Plan Escudo Fronterizo” fue presentado como un símbolo de autoridad. El mensaje político era evidente, Chile volvería a ejercer soberanía territorial mediante controles estrictos, infraestructura de contención y endurecimiento legal. El problema es que gobernar no consiste únicamente en producir imágenes de impacto para redes sociales o titulares televisivos.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió el plan afirmando que esto “es más que una zanja”. Probablemente tenga razón. El problema es que, hasta ahora, la zanja parece ser lo único visible para la ciudadanía. El gobierno exhibe 12 kilómetros construidos y una reducción del 79% en ingresos irregulares comparados con 2022. Pero incluso dentro del Senado esas cifras ya comienzan a ser cuestionadas como “subjetivas” y metodológicamente débiles.
Y ahí aparece el primer gran problema político del gobierno de Kast, por la distancia entre la narrativa y los resultados reales.
Porque mientras el Ejecutivo celebra estadísticas, existen casi seis mil ciudadanos venezolanos con decretos de expulsión que no pueden ejecutarse debido a que Venezuela no los recibe. Ese dato destruye buena parte del relato oficial. La expulsión masiva (promesa central de campaña), choca contra una realidad diplomática que ningún discurso de mano dura puede resolver por decreto.
Aquí emerge otra contradicción todavía más delicada. El proyecto que busca criminalizar el ingreso irregular podría terminar provocando exactamente el efecto contrario al prometido, podría judicializar aún más un sistema ya colapsado y ralentizar expulsiones que hoy se tramitan administrativamente. La advertencia de la senadora Danisa Astudillo fue brutalmente certera al preguntar “¿No será volver atrás y retrasar los procesos de expulsión?”.
La pregunta es incómoda porque desnuda algo que empieza a hacerse evidente ya que muchas de las propuestas migratorias de campaña fueron diseñadas para ganar elecciones, no necesariamente para resistir el funcionamiento real del Estado.
Y el Estado tiene límites. Límites jurídicos, diplomáticos, presupuestarios y operativos.
Controlar miles de kilómetros de frontera no es un spot publicitario. Requiere coordinación internacional, acuerdos bilaterales, recursos permanentes, tecnología, personal capacitado y una política migratoria coherente que vaya más allá de la lógica punitiva. Nada de eso se resuelve únicamente excavando zanjas en el desierto.
De hecho, la historia internacional demuestra que las barreras físicas rara vez eliminan los flujos migratorios. Los desplazan. Los vuelven más peligrosos. Más caros. Más rentables para redes de tráfico de personas y narcotráfico. Mientras más rígida se vuelve una frontera, más sofisticadas se vuelven las estructuras criminales que operan alrededor de ella.
Y mientras el gobierno insiste en transmitir sensación de control, comienzan a aparecer preguntas que nadie parece querer responder, ¿cuánto costará mantener esta infraestructura? ¿Qué resultados concretos tendrá en cinco años? ¿Qué ocurrirá cuando las rutas migratorias cambien? ¿Cuál es el verdadero plan frente a miles de expulsiones imposibles de ejecutar?
La sesión del Senado dejó  claro que incluso sectores políticos que apoyaron el endurecimiento migratorio empiezan a exigir respuestas técnicas y no solamente gestos de autoridad.
Porque la crisis migratoria no se resuelve con frases grandilocuentes ni con excavadoras convertidas en símbolo de campaña. Y el riesgo para el gobierno de Kast es que el “Escudo Fronterizo” termine convirtiéndose en el monumento perfecto de una política diseñada para comunicar fuerza, pero incapaz de resolver el problema de fondo.
En política, las imágenes duran semanas. Los problemas estructurales, años.

Por Liliana Romano para Revista Mandato