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¿De qué se trata el proyecto de Ley Sin Escape?
La iniciativa aborda un problema que se arrastra desde hace décadas en el sistema judicial: la imposibilidad de dictar sentencia cuando la persona acusada no está presente en el proceso.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, presentaron el Proyecto de Ley de Juicio Oral en Ausencia, conocido como “Ley Sin Escape”. La propuesta busca modificar el Código Procesal Penal para permitir que los juicios continúen su curso y se pueda dictar sentencia aun cuando el acusado no comparezca ante los tribunales.
“Existen más de 77.500 procesos penales con orden de detención pendiente, originados todos por la no comparecencia de personas que fueron debidamente notificadas para presentarse ante los tribunales”, informó la ministra Steinert.
El proyecto apunta a poner fin a esta situación y forma parte de una iniciativa que el Presidente José Antonio Kast ha priorizado, contando además con el respaldo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
¿En qué se enmarca el Proyecto de Ley de Juicio Oral en Ausencia?
La propuesta se integra dentro de la política de seguridad pública del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, estructurada en tres ejes centrales:
1. Control territorial
Este eje se centra en la recuperación del control efectivo de calles, rutas, fronteras, puertos y cárceles.
El objetivo es restablecer la presencia del Estado en espacios donde, según el diagnóstico oficial, se había perdido capacidad de control, y donde el crimen organizado intenta ejercer dominio.
2. Modernización y fortalecimiento de las policías
Este punto busca aumentar la dotación de personal, mejorar las condiciones laborales, fortalecer la formación profesional e incorporar mejores herramientas de inteligencia.
La finalidad es recuperar la capacidad operativa de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) para enfrentar los desafíos actuales del crimen organizado.
3. Eficacia general del sistema penal
Este eje propone que cada detención realizada por las fuerzas policiales se traduzca de manera efectiva en una respuesta concreta del sistema judicial.
En otras palabras, se busca que el trabajo de las fuerzas del orden no quede inconcluso y que culmine en una sentencia efectiva dentro del proceso penal.
