La Constitución como promesa vigente
Cada 1° de mayo, Argentina conmemora la sanción de su Constitución Nacional de 1853, un pacto fundacional que, más que un texto jurídico, es una declaración de principios sobre el país que aspiramos a ser. Inspirada en las ideas de Juan Bautista Alberdi, la Constitución nació con el objetivo de dejar atrás décadas de enfrentamientos internos y sentar las bases de un orden institucional estable, basado en la ley, la división de poderes y el respeto por las libertades individuales.
Sin embargo, recordar la Constitución no debería reducirse a un acto simbólico. Su vigencia no depende únicamente de su existencia formal, sino de su cumplimiento efectivo. En un país atravesado por crisis recurrentes, tensiones políticas y desigualdades persistentes, la distancia entre los derechos consagrados y la realidad cotidiana sigue siendo un desafío abierto.
El texto constitucional garantiza derechos fundamentales a la vida, a la propiedad, a la educación, a trabajar dignamente. Pero también establece límites claros al poder, recordando que ninguna autoridad está por encima de la ley. En ese sentido, la Constitución no solo organiza el Estado, también protege al ciudadano frente a los abusos y arbitrariedades.
La reforma de 1994 amplió ese horizonte, incorporando nuevos derechos y otorgando jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Este paso consolidó una visión más moderna e inclusiva, alineada con estándares globales, aunque nuevamente la pregunta persiste, ¿cuánto de ese avance normativo se traduce en garantías reales?
El 1° de mayo invita, entonces, a una doble reflexión. Por un lado, reconocer el valor de un texto que ha logrado perdurar, con reformas, a lo largo de más de un siglo y medio. Por otro, cuestionar, como sociedad, el compromiso con sus principios. Porque la Constitución no se defiende sola, requiere instituciones sólidas, pero también ciudadanos informados y activos.
En tiempos donde la desconfianza en la política crece, volver a la Constitución puede ser un punto de partida. No como un refugio retórico, sino como una hoja de ruta concreta. Allí están las reglas del juego, los derechos que deben garantizarse y los límites que no deberían cruzarse.
Celebrar la Constitución es, en definitiva, renovar el compromiso con el país, no idealizar el pasado. Un gran futuro es posible, pero debe asegurarse que la ley no sea una promesa incumplida, sino una herramienta efectiva de justicia, equidad y convivencia democrática.
Por Liliana Romano para Revista Mandato