El senador por la región de Tarapacá se refirió a los efectos del Plan Escudo Fronterizo en su región, su militancia en el Partido Republicano (PR), el proyecto de reconstrucción nacional y la valoración ciudadana del gobierno del presidente José Antonio Kast, entre otros temas.
“Hoy día mi región está cansada de la migración irregular. Sentimos que necesitamos normas que sean mucho más estrictas”, señaló el senador por la región de Tarapacá y abogado Renzo Trisotti.
Medidas más severas para controlar la frontera
En conversación con el programa Profundidad de Campos (TV Senado Chile), calificó la migración como un asunto “complejo y que tiene distintas aristas”, especialmente en la zona norte del país, la que declaró ha sido el “epicentro” de este fenómeno. “Yo no puedo generalizar, pero sí creo que lo que me transmite la ciudadanía es que necesitamos medidas que sean mucho más severas para controlar la frontera para poder tener una protección de nuestro país”.
Consultado por el Plan Escudo Fronterizo, el parlamentario manifestó su apoyo a la medida. “No se pretende hacer la zanja en todos lados, hoy día el ejército tiene detectados específicamente los puntos más complejos”, explicó, junto con asegurar que estas medidas “están incomodando al crimen organizado”.
En relación a los gastos asociados a la iniciativa, el senador Trisotti argumentó que “nadie ha dicho que esto sea barato, pero muchas veces creo yo que ese costo debe asumirlo el Estado, versus tener personas que han cometido delitos y que no están aportando absolutamente nada en nuestro territorio”.
En el marco de sus declaraciones, se menciona su militancia en el Partido Republicano (PR) y su participación en el debate sobre el proyecto de reconstrucción nacional y la valoración ciudadana del actual gobierno.
El debate que abre el discurso de Trisotti
El planteo del senador Renzo Trisotti se inscribe en una narrativa que hoy tiene fuerte presencia en la región norte de Chile, como la percepción de saturación institucional frente a la migración irregular y la demanda de mayor control fronterizo como respuesta principal.
Desde una lectura a favor, su posición recoge un malestar real en territorios como Tarapacá, donde la presión migratoria, la sobrecarga de servicios públicos y la presencia del crimen organizado han tensionado la vida cotidiana. En ese sentido, la idea de un “Plan Escudo Fronterizo” con intervención focalizada del Estado,incluyendo fuerzas armadas en puntos críticos, aparece como una respuesta pragmática frente a una situación que, efectivamente, excede la capacidad de gestión local. La prioridad de orden, seguridad y control estatal es coherente con la demanda ciudadana concreta de recuperar capacidad de regulación del territorio y reducir espacios de impunidad.
Sin embargo, la crítica se vuelve necesaria cuando el enfoque tiende a concentrarse casi exclusivamente en la dimensión punitiva o de contención. El riesgo de este tipo de discurso es reducir un fenómeno complejo, como la migración regional contemporánea, a una lógica de “bloqueo”, sin abordar con igual fuerza las causas estructurales de desigualdad regional, crisis en países de origen, redes de tráfico de personas y debilidades históricas en la integración institucional. La seguridad fronteriza puede ser una herramienta legítima, pero no sustituye una política migratoria integral, con criterios humanitarios, administrativos y de cooperación internacional.
También aparece una tensión de fondo, porque, cuando se plantea que el costo del control “debe asumirlo el Estado” en contraposición a otros gastos sociales, se abre un debate político mayor sobre prioridades presupuestarias. El desafío no es solo cuánto se invierte, sino cómo se equilibra seguridad con derechos, y control con gobernabilidad de largo plazo.
En síntesis, la postura del senador combina una lectura realista de un problema urgente con un enfoque que puede volverse limitado si no se complementa con políticas estructurales más amplias. El orden fronterizo es necesario, pero por sí solo no resuelve la complejidad del fenómeno migratorio.
Liliana Romano para Revista Mandato