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Chile es un país tensionado por el avance del crimen y la crisis de seguridad, por lo que
traviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas en materia de seguridad pública. El aumento del crimen organizado, la expansión del narcotráfico, la proliferación de armas ilegales, el crecimiento de campamentos tomados por bandas criminales y la presión migratoria en la frontera norte modificaron profundamente la percepción de seguridad de la población y empujaron al Estado chileno hacia una política mucho más dura.
Durante años, Chile fue considerado uno de los países más seguros de América Latina. Sin embargo, fenómenos como la instalación del Tren de Aragua, el aumento de homicidios violentos, secuestros, extorsiones y disputas territoriales llevaron al Gobierno a replantear completamente su estrategia. En ese contexto, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, presentó ante la Cámara de Diputadas y Diputados el nuevo Plan de Seguridad Pública del Gobierno, una hoja de ruta que apunta a recuperar el control territorial y reforzar el aparato estatal frente al crimen organizado.
La iniciativa combina endurecimiento policial, modernización tecnológica, coordinación internacional y una fuerte presencia del Estado en territorios considerados críticos.
Plan nacional para recuperar el control territorial
La ministra Steinert, explicó que la estrategia se sustenta en tres grandes objetivos:
– Recuperación del control territorial por parte del Estado.
– Aumento de la eficacia policial y del sistema de persecución criminal.
– Fortalecimiento institucional.
El plan contempla acciones directas para intervenir fronteras, rutas, calles, cárceles, puertos y territorios ocupados por organizaciones criminales. Además, incorpora inteligencia policial reforzada, modernización tecnológica y nuevas herramientas legales para combatir la delincuencia.
La propuesta se estructura en siete ejes estratégicos:
– Combate al crimen organizado y terrorismo.
– Recuperación territorial.
– Prevención integral del delito.
– Fortalecimiento policial.
– Análisis criminal.
– Coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil.
– Nuevos desafíos ministeriales.
Recuperar el territorio: la prioridad central del Gobierno
Control de fronteras:
El Gobierno chileno busca reforzar el control de pasos habilitados y no habilitados mediante vigilancia tecnológica, cooperación internacional y reactivación de la Mesa Nacional de Seguridad Fronteriza.
La estrategia incluye trabajo conjunto con países vecinos y con Estados Unidos, además del resguardo estratégico del Corredor Bioceánico Vial, una infraestructura clave para el comercio regional pero también vulnerable al tráfico ilegal.
Control de rutas:
La administración impulsa el denominado “Plan Escudo en Ruta”, basado en controles vehiculares permanentes, cercos viales dinámicos y fiscalización interagencial.
El programa también prevé ampliar el SITIA, el Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial, hacia más comunas del país.
Control de calles:
La política oficial apuesta a incrementar la presencia policial visible y disuasiva, endureciendo además la fiscalización del porte ilegal de armas.
Según los datos presentados, en cuatro años las incautaciones aumentaron un 92% en armas de fuego y un 142% en armas blancas.
El plan también contempla intervenciones sobre incivilidades urbanas, uno de los fenómenos que más deterioran la percepción de seguridad ciudadana.
Control penitenciario:
Uno de los anuncios más relevantes fue la incorporación de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública tras la reforma constitucional del 9 de abril.
La medida implica transformar a Gendarmería en Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, fortalecer la inteligencia penitenciaria y segregar internos según niveles de peligrosidad.
Además, el Gobierno anunció la búsqueda activa de casi 3.800 prófugos que actualmente circulan libres pese a tener condenas pendientes.
Control de puertos:
La estrategia incluye mayor fiscalización portuaria, trazabilidad de cargas y control tecnológico de contenedores, en coordinación con Policía Marítima, Aduanas y Marina Mercante.
Los puertos son considerados uno de los principales puntos de ingreso y salida del narcotráfico internacional.
Territorios tomados por bandas criminales
El Gobierno planteó intervenciones integrales y sostenidas en zonas dominadas por organizaciones criminales.
La consigna oficial es clara:
“Recuperamos, Devolvemos y Evitamos su recaptura”.
Más detenciones y mayor capacidad de persecución criminal
Convertir arrestos en condenas
El segundo eje del plan apunta a mejorar la eficacia policial y judicial.
La ministra sostuvo que el desafío ya no pasa solamente por detener delincuentes, sino por lograr sentencias efectivas. Para ello, el Gobierno impulsa cuatro criterios operativos:
-Medir resultados.
– Rendir cuentas.
– Planificar operativos.
-Coordinar instituciones.
El Estado apuesta al fortalecimiento policial y tecnológico
El tercer objetivo se centra en el fortalecimiento institucional mediante:
– Respaldo político y legal a Carabineros y Policía de Investigaciones.
– Mejores condiciones materiales para las fuerzas policiales.
– Incorporación de tecnología.
– Ampliación de facultades legales.
– Integración de colaboradores y aplicación de nuevas leyes.
Operativos masivos y decomisos históricos
La ministra Steinert informó que en los primeros dos meses de gestión se realizaron más de siete operativos conjuntos entre Carabineros y la PDI.
Según el Gobierno, estas acciones permitieron la detención de cerca de 7 mil personas en todo el país.
Entre los resultados destacados aparecen una mayor incautación de marihuana en 25 años, casi cinco toneladas en una sola operación.
El decomiso de 2 millones de cajetillas de cigarrillos, alcanzando un acumulado de 5,4 millones.
Mercadería ilegal valorizada en más de 14 mil millones de pesos que, según el Ejecutivo, dejaron de financiar estructuras criminales.
Temucuicui: el operativo que marca un giro político
Uno de los puntos más sensibles fue el ingreso conjunto de policías y Ejército a Temucuicui, territorio históricamente asociado al conflicto mapuche y a la ausencia de control estatal efectivo.
El operativo fue definido por el Gobierno como “un antes y un después” en la presencia del Estado en zonas complejas.
La intervención refleja un cambio profundo en la política chilena porque la seguridad pasó a ocupar un lugar prioritario incluso en territorios donde antes predominaba un enfoque político o de diálogo.
Migración, cooperación internacional y nuevas leyes
El plan también contempla controles migratorios intensivos en Cerro Chuño, La Vega Central y la toma El Boro, sectores identificados como críticos por las autoridades.
En paralelo, Chile avanzó en acuerdos internacionales con el FBI y con los gobiernos de Argentina y Bolivia para reforzar la cooperación fronteriza.
Además, el Ejecutivo anunció una inversión de 4.800 millones de pesos para equipamiento de Carabineros. Refuerzo de la seguridad escolar.
El envío al Congreso de cuatro nuevos proyectos de ley contra la delincuencia, entre ellos la denominada “Ley Sin Escape”.
Chile busca un modelo de seguridad más duro y centralizado
El nuevo plan de seguridad confirma un cambio estructural en la política chilena. El discurso de derechos humanos y prevención social, dominante durante años en amplios sectores políticos, comenzó a ceder frente a una demanda ciudadana cada vez más enfocada en orden, control territorial y capacidad coercitiva del Estado.
La estrategia presentada por el Gobierno mezcla inteligencia artificial, militarización parcial, cooperación internacional y ampliación de facultades policiales. El mensaje político es contundente: el Estado chileno reconoce que perdió capacidad de control en determinadas zonas y ahora intenta recuperarla mediante una ofensiva integral.
El problema de fondo, sin embargo, sigue siendo más complejo. El crimen organizado logró expandirse aprovechando debilidades fronterizas, sobrecarga institucional, crisis migratoria y un sistema judicial muchas veces incapaz de transformar detenciones en condenas efectivas.
El desafío para Chile será demostrar que esta nueva ofensiva no se limita a operativos espectaculares o estadísticas de corto plazo. La verdadera prueba estará en sostener el control territorial sin profundizar tensiones sociales, evitar abusos de poder y reconstruir una institucionalidad capaz de responder a un fenómeno criminal cada vez más sofisticado y transnacional.
Liliana Romano para Revista Mandato
