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Condenados por violencia intrafamiliar no podrán cobrar la pensión de sus víctimas
El Senado de Chile, aprobó de forma unánime un proyecto de ley que establece que las personas condenadas por delitos de violencia intrafamiliar (VIF) no podrán acceder a la pensión de sobrevivencia de su víctima. La iniciativa, que busca cerrar un vacío legal, deberá ahora ser revisada en su tercer trámite por la Cámara de Diputadas y Diputados.
Un vacío legal en revisión
La propuesta apunta a corregir una situación considerada injusta dentro del sistema previsional vinculada con que el agresor pueda beneficiarse económicamente tras la muerte de la víctima. En ese sentido, el texto establece que será el juzgado de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal quien deberá declarar en la sentencia condenatoria tanto el vínculo con la víctima como la naturaleza del delito.
Durante la discusión legislativa, se subrayó que la medida no solo responde a criterios jurídicos, sino también a una dimensión ética. “La violencia contra las mujeres no es una invención”, “la violencia machista no puede tener beneficio, ni amparo institucional” y “se trata de relaciones humanas atravesadas tanto por el amor como por el dolor”, fueron algunos de los conceptos reiterados en sala.
Modificaciones introducidas
El proyecto fue presentado por la senadora Beatriz Sánchez, quien detalló que la Comisión de la Mujer incorporó tres enmiendas clave para perfeccionar el texto:
Se incluyó una referencia explícita al artículo 5 de la ley de violencia intrafamiliar.
Se añadió el artículo 5 del decreto ley N° 3.500.
Se eliminó la obligación de que fiscales del Ministerio Público acompañen antecedentes, dado que dicha responsabilidad recae en los jueces. Estas modificaciones deberán ser ratificadas en la siguiente etapa legislativa.
Debate transversal y cifras alarmantes
En el debate participaron diversas figuras del espectro político, entre ellas Paulina Núñez, Yasna Provoste, Iván Flores, Daniella Cicardini y Matías Walker, además de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín.
Durante la sesión se expusieron cifras preocupantes que indican que en lo que va de 2026, se han registrado 10 femicidios consumados y 82 femicidios frustrados, además de múltiples denuncias por violencia intrafamiliar.
Otras urgencias legislativas
En paralelo, se reiteró la necesidad de acelerar la tramitación de reformas vinculadas a la sociedad conyugal, así como avanzar en la implementación de la sala cuna universal, ambas consideradas claves en la agenda de igualdad de género.
Justicia simbólica y límites estructurales
La iniciativa representa un avance relevante en términos de coherencia normativa porque impide que el sistema previsional reproduzca beneficios hacia quienes han ejercido violencia extrema. Sin embargo, su alcance es principalmente correctivo y no preventivo.
La exclusión de la pensión no incide directamente en las condiciones que originan la violencia intrafamiliar ni en las falencias estructurales del sistema de protección. Las cifras expuestas durante el debate reflejan una realidad persistente que no se resuelve únicamente con ajustes legales posteriores al delito.
En este contexto, el desafío sigue siendo más amplio, se necesita fortalecer mecanismos de prevención, mejorar la respuesta institucional ante denuncias y garantizar protección efectiva a las víctimas antes de que los hechos escalen. La norma, aunque necesaria, se inscribe en una lógica de reparación tardía que aún convive con déficits estructurales en materia de seguridad y justicia.
Liliana Romano para Revista Mandato
