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La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, se apresta a discutir cómo se define quién accede a qué escuela, proyecto que reabre uno de los debates más sensibles del sistema educativo chileno. La iniciativa, ya aprobada en el Senado tras el informe de la Comisión de Educación, propone modificar la ley de subvención estatal a establecimientos educacionales, introduciendo ajustes al Sistema de Admisión Escolar (SAE).
El texto plantea una serie de cambios que buscan, según sus impulsores, perfeccionar el sistema vigente. Entre ellos, destacan la incorporación del mérito académico como criterio de selección en determinados establecimientos, la redefinición de prioridades en la asignación de vacantes, el fortalecimiento de la adhesión de las familias a los proyectos educativos y una mayor disponibilidad de información durante el proceso de postulación.
Un proyecto con múltiples autores y una misma tensión de fondo
La propuesta tiene su origen en dos mociones parlamentarias impulsadas por un amplio espectro político, entre ellos Yasna Provoste, Fidel Espinoza, Gustavo Sanhueza, Enrique Van Rysselberghe y otros legisladores y exparlamentarios. Esa diversidad de firmas no es casual porque el SAE, desde su implementación, ha sido un terreno de disputa transversal que interpela tanto a oficialismo como a oposición.
Mérito, inclusión y criterios voluntarios
En lo sustantivo, el proyecto introduce modificaciones relevantes. Por un lado, habilita a ciertos establecimientos a considerar el desempeño académico previo de los estudiantes, reabriendo la puerta a la selección por mérito. Por otro, redefine los criterios de prioridad, incorporando, por ejemplo, la posibilidad de favorecer a estudiantes con discapacidad visual, auditiva o motora, siempre que postulen a instituciones con Programa de Integración Escolar (PIE) y condiciones adecuadas de accesibilidad.
También se marca que los establecimientos podrán aplicar criterios como la paridad de género y mecanismos orientados a fortalecer la afinidad de las familias con el proyecto educativo. A esto se suma la expansión del régimen de admisión especial, es decir hasta un 80% de los cupos podrían asignarse considerando el rendimiento académico frente al 15% actual, además de un margen adicional del 10% bajo criterios voluntarios definidos por cada institución.
Acuerdos, matices y una votación con señales políticas
Durante la sesión del 21 de abril último, el presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza, presentó el informe que sirvió de base para el debate posterior. En la jornada siguiente, senadores como Carlos Kuschel, Vanessa Kaiser, Yasna Provoste, Alejandra Sepúlveda, Cristián Vial, Claudia Pascual y Beatriz Sánchez expusieron posiciones que reflejaron la complejidad del tema.
El ministro Secretario General de la Presidencia, José García, también intervino para explicar el alcance de los criterios voluntarios propuestos.
En términos de votación, los artículos sin modificaciones y las enmiendas unánimes fueron aprobados con 36 votos a favor. Además, se respaldó por unanimidad la priorización de estudiantes con discapacidad en condiciones específicas. En cambio, la inclusión del rendimiento académico como criterio de admisión y la posibilidad de aplicar paridad de género fueron aprobadas por mayoría, evidenciando divisiones.
El fondo del debate: ¿igualdad de oportunidades o selección encubierta?
Más allá de los aspectos técnicos, la discusión dejó al descubierto una tensión de fondo entre el equilibrio de igualdad de acceso y el reconocimiento del mérito. Mientras algunos legisladores cuestionaron que la paridad de género pueda afectar la “idoneidad” de los postulantes al depender de factores fuera de su control, otros defendieron la necesidad de introducir criterios que corrijan desigualdades estructurales.
El concepto de meritocracia volvió al centro del debate. Para un sector, el sistema de asignación aleatoria m, la llamada “tómbola”, debilitó una vía legítima de movilidad social, especialmente en la educación pública. Para otro, incorporar el rendimiento académico como filtro implica, en la práctica, reproducir desigualdades de origen bajo una apariencia de neutralidad.
Una discusión abierta que excede lo educativo
El paso del proyecto a la Cámara Baja no solo anticipa un nuevo capítulo legislativo, sino también un debate más amplio sobre el modelo de sociedad que se proyecta desde la educación. ¿Debe el sistema priorizar la equidad en el acceso o incentivar la competencia académica? ¿Es posible compatibilizar ambos principios sin profundizar las brechas existentes?
La tensión entre mérito e igualdad
Para Revista Mandato lo que está en juego no es únicamente un mecanismo de admisión, sino la definición misma de justicia educativa. La tensión entre mérito e igualdad no es nueva, pero reaparece con fuerza en contextos donde la educación sigue siendo una de las pocas promesas de movilidad social. La pregunta que subyace, y que el Congreso no podrá eludir, es si estas reformas corrigen distorsiones del sistema o si, por el contrario, reinstalan formas de selección que la sociedad chilena ya había decidido dejar atrás.
Liliana Romano para Revista Mandato
